Los insumos que adquieran las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) quedarían exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De forma unánime el Congreso aprobó el Expediente 23.355, el cual señala que los bienes y propiedades de las personas jurídicas amparadas bajo la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad no cancelarían el tributo.
De igual forma, los bienes que las asociaciones adquieran para el desarrollo de sus actividades quedarían exonerados.
“Se deben fortalecer a las ADI, ya que este Gobierno está recortando recursos a las comunidades (…). Las personas que pertenecen a las Asociaciones son luchadoras, trabajadoras, muchos trabajan con las uñas, pero ¿qué pasa? Se ha dejado de invertir en los barrios y las comunidades. Este proyecto ayudará en sobremanera y llevará bienestar”, dijo Gilberth Jiménez, diputado de Liberación Nacional.
“Las ADI juegan un rol fundamental en el bienestar de nuestros pueblos. En cualquiera donde haya una Asociación se nota en términos de la infraestructura, programas sociales (…). No tiene sentido cobrarles impuestos porque al final de cuentas es quitarle recursos valiosos que pueden ser destinados a las mismas comunidades”, secundó Jonathan Acuña, diputado del Partido Frente Amplio.
“Como legisladores estamos en la obligación de brindar las facilidades necesarias en cuanto a simplificación de trámites para todas las ADI, así como a sus representantes, de forma tal que puedan realizar sus funciones sin incurrir en gastos adicionales a los estrictamente necesarios”, argumentó Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana.
Datos de Casa Presidencial señalan que actualmente hay 4.000 Asociaciones De Desarrollo en el país. De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, durante el 2021 se invirtieron más de ¢51 mil millones en estas organizaciones comunales.
Las asociaciones integrales son territoriales y se constituyen de manera permanente. Para funcionar legalmente necesitan al menos 100 personas mayores de 12 años.