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Licda. Claudia Monge M.
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
La reciente sentencia de la Sala Constitucional, que ampara a una niña de seis años con autismo, TDAH y discapacidad cognitiva leve, para que se le asigne una asistencia de educación especial para apoyarla en el aula, marca un paso firme hacia la verdadera educación inclusiva en Costa Rica.
Se trata de una realidad que muchas familias conocen: la presencia de un asistente en el aula es vital para estudiantes que, debido a sus condiciones, pueden experimentar también crisis o reacciones impulsivas que ponen en riesgo su seguridad y la de sus compañeros.
Esto por cuanto el asistente no solo apoya al estudiante en sus retos de aprendizaje, sino que protege la dinámica escolar y fomenta la integración real; apoyo que no debería ser un lujo, sino una necesidad para promover el aprendizaje y la protección de todos. Sin embargo, aún existe una preocupación legítima: en muchos casos, son los padres quienes deben asumir el costo de esta asistencia, como si garantizar el derecho a la educación inclusiva fuera una responsabilidad privada y no estatal. Esto genera desigualdad, pues no todas las familias tienen los recursos para costearlo. Un sistema educativo verdaderamente inclusivo no se limita a reconocer derechos en el papel; los hace efectivos, asegurando que ningún niño o niña quede sin apoyo por razones económicas.
El reto está en que este precedente se traduzca en acciones concretas que liberen a las familias de una carga que nunca les debió corresponder, una situación que evidencia la urgencia de garantizar la presencia de asistentes en el aula para estudiantes con condiciones que, en momentos de crisis o enojo, pueden poner en riesgo su propia seguridad y la de sus compañeros.
Garantizar una educación inclusiva implica más que discursos y leyes; requiere voluntad política, recursos y sensibilidad humana. La sentencia de la Sala Constitucional abre una puerta, pero depende del Estado que no quede entreabierta, sino completamente abierta para todos los niños que lo necesiten. La inclusión no debe ser una excepción ganada en los tribunales, sino la regla que rija nuestras aulas. Solo así podremos decir que vivimos en un país donde el derecho a aprender se respeta, sin distinciones.