Asilo de Miramar a manos privadas

Bajo gritos de protesta, llantos de desesperación y una serie de argumentos legales llenos de esperanza, el Centro de Adultos Mayores Fray Casiano de Madrid, ubicado en Puntarenas, tomó la decisión de continuar funcionando con recursos propios. Es decir, pasará a operar como recinto privado tras la decisión de diversas instituciones estatales, como el Ministerio de Salud, de cancelar el financiamiento y los permisos de funcionamiento.

Dicha posición se tomó tras el intento de la jerarca de la cartera, Mary Munive, de apersonarse en las instalaciones para trasladar a los residentes a otros centros. Esto ocurrió en compañía de funcionarios del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la Fuerza Pública y ambulancias privadas, en un operativo que rondó los ¢5 millones, según la ministra.

“Nosotros estamos velando por el bienestar de ellos, no por un valor económico. Solo lograron llevarse a una adulta mayor, aunque no sabemos con orden de quién, pues no nos presentaron ningún documento firmado por un juez que autorizara el traslado”, señaló Cindy Soto, administradora del hogar.

La funcionaria agregó que mensualmente recibían alrededor de ¢20 millones provenientes de subsidios por los adultos mayores a quienes se les brinda servicio de cuido y alimentación. Sin embargo, mantendrán el centro funcionando pese a que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) haya cancelado su licencia como lugar de “bienestar social”, lo que les permitía obtener fondos estatales.

“La lucha sigue. Tenemos mucha pelea legal, como un recurso de amparo que presentamos en la Sala IV, ya que ellos están tomando estas decisiones arbitrariamente. Los fondos nos los negaron, y sabemos que estamos por y para los adultos mayores. 

Los mismos funcionarios han dicho que, si tienen que donar su tiempo de trabajo, así será. Seguiremos en la lucha”, agregó Soto a Diario Extra.

Incumplimientos

Por su parte, la ministra Munive aseguró que igualmente deberán realizar un traslado de adultos mayores, ya que algunos de los residentes del centro de Miramar se encuentran bajo el programa de “Abandonados”. 

Es decir, son personas sin familiares que se puedan hacer cargo o bien están dentro de la categoría de pobreza extrema, por lo que son responsabilidad del Estado.

“Hay incumplimientos que ponen en riesgo a los adultos mayores, como que ni siquiera tienen insumos de higiene adecuados, lo que ocasionó un brote de sarna. Es algo que se viene dando reiteradamente, por lo que el traslado es un asunto de gestión administrativa”, especificó la jerarca a este medio.

Actualmente, el centro cuenta con 66 personas adultas mayores, tanto bajo el esquema de abandono como de atención integral, los cuales sí cuentan con visitas familiares.

No descartan allanamiento

La ministra de Salud y representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del Conapam, Mary Munive, explicó a este medio que no descarta solicitar la orden de un fiscal para poder allanar las instalaciones de Miramar, con el objetivo de trasladar a los adultos mayores.

“Tenemos que interponer las acciones legales, aunque yo lo que menos quiero es que se interponga la denuncia, vengan y allanen, y así sí se trasladen los adultos mayores. Aunque quisiera que todo sea por mutuo acuerdo”, expresó.

Adriana Montero

Funcionaria del centro

“Hay un informe del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que nos visita constantemente, donde los mismos trabajadores sociales sugieren mantener nuestra categoría de bienestar social y los fondos. Aseguran que todo está en orden”.

Yorleny Salguero

Hija de residente

“Mi mamá tiene un año y cuatro meses de estar acá, y desde el día uno hasta ahora no he tenido ningún problema ni queja. Ella no me ha mencionado nada, y siempre suele estar tranquila. Yo siempre vengo a verla, y siempre he visto que todo está en orden”.