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El acceso a la vivienda adecuada sigue siendo uno de los grandes desafíos de Costa Rica, pese al crecimiento económico y la recuperación del empleo.
El Balance de la Situación y Tendencias del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 2024, presentado recientemente, evidencia que el país aún enfrenta una de sus mayores deudas sociales: la falta de vivienda accesible para cientos de miles de costarricenses.
El informe, que detalla avances y obstáculos en el sector, muestra que, aunque la economía crece a un ritmo del 4,3% y se generan más de 112.000 empleos, las oportunidades de acceso a la vivienda no han mejorado significativamente.
Uno de los datos más alarmantes es el déficit habitacional, que en su cálculo tradicional se estima en 145.184 unidades.
Sin embargo, al incluir las viviendas en condiciones regulares, la cifra asciende a 718.495, lo que representa el 40% de los hogares costarricenses.
“El déficit habitacional no es solo una cifra fría: detrás de esos números hay familias que viven en condiciones inadecuadas y comunidades enteras que siguen esperando soluciones. Necesitamos políticas más focalizadas y territoriales para atender estas desigualdades”, afirmó Franklin Solano Castro, investigador y coautor del informe.
A la escasez de viviendas se suma la falta de planificación territorial. En la Gran Área Metropolitana, el precio promedio del metro cuadrado es de US$285, pero en zonas céntricas puede llegar hasta US$1.837, lo que eleva considerablemente el costo de la vivienda asequible.
Además, solo 44 de los 84 cantones tienen planes reguladores vigentes, muchos de los cuales están obsoletos, lo que agrava aún más el desorden urbano.
La desigualdad territorial es otra de las principales preocupaciones. La Región Huetar Caribe, por ejemplo, concentra el 12,3% de los hogares con mayor necesidad de vivienda nueva, y el 19% de los hogares costarricenses vive en alquiler, principalmente en zonas urbanas.
Sin embargo, entre 2022 y 2024, se dejaron de entregar más de 9.000 bonos familiares de vivienda, lo que ha suspendido un año completo de inversión en este subsidio.
“El derecho a la vivienda adecuada sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. El crecimiento económico no basta si no se traduce en hogares seguros, inclusivos y asequibles”, concluye el informe.
La situación es preocupante, y expertos como Minor Rodríguez han subrayado la urgencia de tomar decisiones claras y concretas.
“Este informe es un llamado de atención para todo el país. No basta con crecer económicamente; debemos transformar ese crecimiento en bienestar social, en hogares seguros e inclusivos para la gente”, dijo Rodríguez.