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El presidente Rodrigo Chaves, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado lunes, lanzó una frase tan sencilla como certera: “el respeto se gana”.
Sin embargo, esa regla debe de respetarla también el mandatario, y debe ser transversal para toda persona que ostente un cargo público, que dirija una institución del Estado o que represente, en cualquier nivel, los intereses del pueblo costarricense.
El respeto se gana con hechos, no con imposiciones; con integridad, no con discursos vacíos; con consecuencia, no con espectáculo. Y eso aplica, por supuesto, para el presidente de la República, quien, como jefe de Estado y líder del Poder Ejecutivo, debe ser ejemplo de esa coherencia.
Pero también aplica para sus ministros, quienes en múltiples ocasiones han generado más polémica que resultados; para sus voceros, que muchas veces prefieren la confrontación al argumento, y para las instituciones autónomas que parecen funcionar según sus propias agendas, desconectadas del clamor ciudadano.
El respeto también debe ganarse en la Asamblea Legislativa. Lo sucedido en la sesión solemne del 5 de mayo, donde algunos diputados optaron por alzar cartelitos como forma de protesta, resultó un acto lamentable que rebajó la solemnidad del acto republicano a un espectáculo.
“El respeto no está en debate.
El respeto debe ser nuestra guía, nuestro punto de partida.”
¿Con qué moral se exige respeto si en la práctica se deshonra la investidura que se ostenta? Esos gestos no construyen democracia, la debilitan. No representan un mensaje político maduro, sino una pataleta que en nada contribuye al país.
Y qué decir del Poder Judicial. En un país donde la impunidad avanza como sombra tras la justicia, cada decisión cuestionable de un juez erosiona la credibilidad de un pilar fundamental del Estado.
El caso del hombre que asesinó a su vecino en un condominio, delante de sus respectivas familias, y hoy camina libre por las calles, ofende el sentido común. Esa libertad no es justicia, es agravio. Y sí, esa decisión también le pesa al presidente de la Corte, le guste o no. La toga no exonera del deber de rendir cuentas ante la ciudadanía.
A la lista se suman la Contralora General de la República y la Defensora de los Habitantes, quienes decidieron no asistir a la sesión del 5 de mayo. Ausentarse de una fecha señalada por la Constitución que tanto dicen defender, no fue un acto de protesta legítima, fue una falta de respeto institucional.
La ausencia habla, y su mensaje fue de indiferencia ante un momento cívico que no es propiedad de un gobierno ni de un partido: es de la República.
Pero más allá de los poderes y cargos, el respeto es una tarea de todos. Entre ciudadanos, entre vecinos, entre colegas. Costa Rica se polariza, grita, insulta y, lo más grave, se calla. Hay quienes prefieren ya no opinar para evitar el juicio ajeno, y otros que repiten sin pensar, como autómatas de una consigna. Eso no es convivencia, es división.
El respeto no está en debate. El respeto debe ser nuestra guía, nuestro punto de partida. No se exige, se demuestra. No se compra, se cultiva.
En una nación que presume de su paz, de su pura vida, no puede seguirse normalizando el desprecio institucional, el irrespeto ciudadano, ni la violencia simbólica que se ha enquistado en nuestras formas de vivir la política. Si de verdad queremos preservar lo que nos hace únicos como país, el respeto no puede ser la excepción, debe ser la norma.