Aseguradoras temen encarecimiento en precio de pólizas

De avanzar 5 proyectos de ley en el Congreso

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP), en conjunto con la Cámara de Intermediarios de Seguros (CIS), anunció su oposición a cinco iniciativas que se discuten actualmente en el Congreso.

Durante el V Encuentro de Seguros, representantes del sector manifestaron su rechazo a una serie de propuestas legislativas que, aseguran, tendrán “consecuencias negativas para los hogares costarricenses”, al encarecer productos esenciales, limitar el acceso al crédito y aumentar la carga sobre quienes ya hacen un esfuerzo por protegerse (ver recuadro).

“Las cinco leyes propuestas aumentan impuestos, los cuales tendrán que trasladarse directamente al costo del seguro. Tendrían un impacto cuando nuestra intención es alcanzar una mayor penetración de seguros en el país”, señaló Kevin Lucas Holcombe, presidente de la Junta Directiva de la AAP.

Por su parte, la economista Sara Cordero advirtió que las propuestas generarían una reducción tanto en el excedente del consumidor (¢13.689 millones) como en el de las aseguradoras (¢8.836 millones). Asimismo, estimó una pérdida por “peso muerto” de ¢239 millones, lo que afectaría a la economía nacional.

Lucas también indicó que algunos de los proyectos carecen de fundamento técnico.

“Lo que nosotros hemos encontrado es que, en la búsqueda de cómo financiar a algunos sectores, se afecta al sector asegurador con proyectos sin criterio técnico o que no tienen relación con el sector”, subrayó.

Además, agregó, “Más bien, creemos que los recursos deberían salir del presupuesto de las arcas del Estado, y no necesariamente estar cargando a los consumidores de seguros”, sostuvo a Diario Extra. Las aseguradoras señalaron que ya realizan aportes importantes a diferentes sectores. Entre ellos, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, al que han transferido ¢107.073 millones entre diciembre de 2011 y diciembre de 2024, y al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con un total de ¢8.487 millones entre agosto de 2019 y diciembre de 2024.