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Tres órdenes sanitarias de clausura, un atraso de dos años en el acatamiento de la resolución de los magistrados de encontrar una solución al problema de hacinamiento y presencia de plagas (ratas, gatos, pulgas) y, para terminar, la pérdida de las coberturas por siniestros como incendios o terremotos. Esa es la situación en que se mantienen alrededor de mil funcionarios en la Asamblea Legislativa.
La posición del INS, de oponerse a reanudar los seguros dado las malas condiciones de los edificios, es el último punto que llevó ayer al Directorio legislativo a tomar la decisión -en una sesión extraordinaria- de reestablecer las obras del nuevo edificio, que había mantenido paralizado tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que señalaba supuestas irregularidades en el pago al contratista Javier Salinas.
“Después de ver que no tenemos pólizas de incendio y de terremoto, de que la Contraloría General de la República no ha suspendido las obras, de que hay tres órdenes sanitarias para clausurar buena parte del edificio legislativo, tomamos el acuerdo. Además, considerando que si suspendemos las obras el Estado tendría una pérdida neta de $16 millones, tomamos la decisión de seguir adelante con la construcción del edificio”, explicó el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti.
El director ejecutivo, Antonio Ayales, indicó a DIARIO EXTRA que intentan llegar a un acuerdo con el INS, mientras el nuevo edificio se concreta
“El INS nos quitó la póliza de incendio por las malas condiciones del edificio, estamos gestionando una prórroga, una excepción, en vista de la cantidad de gente que trabaja aquí y la que viene de visita”, sostuvo.
La oficina de prensa del INS informó que hoy se referirán al caso.
NUEVO EDIFICIO
Sobre la polémica del proyecto del nuevo edifico, el Directorio legislativo firmó un acuerdo con el arquitecto Salinas, quien se compromete a devolver el dinero que el ente contralor señala como indebido. Eso sí, advierte que lo hará bajo protesta, y llevará el caso a un proceso judicial.
“Se comprometió a devolver los 700 mil dólares, los va a devolver en abonos de 25 mil dólares al fideicomiso y vamos a esperar a que se resuelva judicialmente cualquier referendo”, explicó Álvarez Desanti.
Justamente sobre este caso, ayer comparecieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, los diputados Henry Mora, Jorge Rodríguez, y Luis Vásquez, quienes conformaban el Directorio legislativo cuando se ordenaron los supuestos pagos irregulares a Salinas. También se hizo presente el director ejecutivo del Congreso.
Los cuatro refutaron el criterio de la Contraloría, la cual alega que no se debió cancelar ese monto al arquitecto pues no había conseguido los permisos del Ministerio de Cultura y el de Patrimonio Cultural, para el desarrollo de las obras. Sostienen con base a un criterio de la Procuraduría General de la República, y de la cartera de Cultura, emitidos en el presente año, que ese aval no era requisito para el desarrollo de las obras, por tanto, en su criterio no hay tal irregularidad.
En la audiencia, los oficialistas Ottón Solís y Epsy Campbell se mostraron escépticos a lo alegado por los diputados, resaltando entre sus argumentos que resulta sumamente extraño que, si no hubiese irregularidad, Salinas acepte devolver el dinero.
Los diputados miembros de la comisión investigan el caso, tras la solicitud del legislador Otto Guevara, quien se opone al desarrollo del nuevo edificio.