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La Asamblea Legislativa pondrá mano dura al nombramiento de asesores ad honorem luego de que un estudio interno advirtiera sobre supuestos costos para la institución, alta rotación de colaboradores, falta de controles y riesgos administrativos y patrimoniales.
El Directorio Legislativo aprobó nuevas reglas que reducen de cinco a tres el máximo de asesores voluntarios permitidos por cada diputado y establecen un límite de dos para las dependencias administrativas, luego de que, desde el inicio de sus funciones en mayo, la Presidencia del Congreso advirtiera por la gran cantidad de nombramientos de asesores ad honorem en los despachos legislativos y en instancias administrativas.
La decisión fue precedida por un informe técnico elaborado por las gerencias de Recursos Humanos y Asesoría Legal, del cual Grupo Extra tiene copia, que revisó los costos, responsabilidades, pólizas, teletrabajo y utilización de recursos institucionales por parte de estos funcionarios.
Además, cada solicitud deberá especificar las funciones que desempeñará la persona y Recursos Humanos tendrá que mantener un expediente individual de cada colaborador.
Los despachos que actualmente tengan más de tres podrán conservarlos, pero no podrán nombrar sustitutos cuando alguno salga hasta quedar dentro del nuevo límite.
“Es importante tener claridad que el funcionario ad honorem siempre debe tener un seguimiento y un control, que es necesario que se aplique la normativa y esta presidencia les va a solicitar que tengamos un reglamento más puntual y más específico”, dijo la presidenta del Congreso, Yara Jiménez en la sesión del Directorio del 13 de mayo.
El estudio formuló cinco recomendaciones principales para ordenar esta figura, una de ellas fue reducir la cantidad máxima de asesores ad honorem permitidos por despacho y dependencia, propuesta que finalmente fue acogida por el Directorio.
También recomendó establecer cuotas o porcentajes máximos para personas mayores de 60 años debido al fuerte aumento que experimenta el costo de las pólizas de accidentes conforme aumenta la edad del colaborador.
Otra recomendación fue obligar a los despachos a describir desde el momento del nombramiento las tareas específicas que realizará cada persona, así como concentrar toda la normativa actualmente dispersa en un único reglamento institucional.
El informe además planteó que trabajar gratuitamente en el Congreso permita convertirse rápidamente en candidato a una plaza remunerada, por lo que recomendó que una persona ad honorem tenga que trabajar al menos un año ininterrumpido y a tiempo completo antes de poder ingresar al Registro de Postulantes para nombramientos interinos de la Asamblea Legislativa.
Gratis
Aunque estos colaboradores no reciben salario, aguinaldo, vacaciones ni cesantía, el informe advierte que su presencia no significa costo cero para la institución y que jurídicamente son considerados servidores públicos en sentido estricto, con deberes, prohibiciones y responsabilidades similares a las del personal remunerado.
Incluso, según el informe, pueden responder con su propio patrimonio en casos de dolo o culpa grave y están sujetos a normas como la Ley General de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Su incorporación además obliga a Recursos Humanos a abrir expedientes, tramitar documentación, gestionar pólizas ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), habilitar accesos institucionales y efectuar otros procedimientos administrativos.
Uno de los principales puntos de preocupación encontrados por el estudio está relacionado con los seguros. La Asamblea cuenta con un presupuesto máximo de ₡5 millones anuales para pólizas colectivas de accidentes, pero el costo cambia considerablemente dependiendo de la edad de cada asesor.
Según el informe, la prima anual era de ₡4.886 para una persona entre 15 y 60 años, aumentaba a ₡63.363 entre los 61 y 80 años y alcanzaba ₡547.070 para mayores de 80 años.
Recursos Humanos advirtió que, como los diputados pueden proponer personas de distintas edades, existe incertidumbre sobre cuánto terminará pagando la institución y el presupuesto disponible podría agotarse.
Debates
Las preocupaciones también fueron discutidas durante varias sesiones del Directorio. El primer secretario Gerald Bogantes cuestionó la facilidad con la que algunos despachos nombran y posteriormente cesan a estos colaboradores, obligando a repetir trámites administrativos.
“Pensaría yo que en puestos ad honorem para la administración son bastante estables, pero lo que he escuchado es que puestos ad honorem de las fracciones son muy inestables y eso implica reprocesos”, manifestó.
La diputada del partido Frente Amplio (FA), Vianey Mora considera adecuados algunos de los nuevos controles, pero cuestionó que se reduzca de cinco a tres la cantidad permitida.
“También se está pidiendo que se dé un informe de las labores que realizan estas personas ad honorem. Creo que eso no tiene ningún problema. Habría que ver cuáles son los criterios técnicos para pasar de cinco personas a tres personas. Creo que tiene que ver más con la posibilidad de restringir la posibilidad de ampliar las labores de cada uno de los despachos, incluso de la oposición”, aseguró.
El estudio también recuperó antecedentes que muestran hasta dónde llegó esta figura en otros periodos. Entre 2010 y 2014, la Asamblea registró hasta 138 personas ad honorem y un solo despacho llegó a mantener 32 colaboradores bajo esta condición.
El segundo secretario del Directorio, y diputado oficialista, Reynaldo Arias, llegó incluso a plantear que, si los diputados desean mantener cantidades elevadas de colaboradores voluntarios, deberían financiar ellos mismos los costos asociados.
Según una revisión de las actas del Directorio, entre mayo y septiembre se registró la incorporación de 108 asesores, de los que 53 de estos nombramientos correspondían a la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 34 del Partido Liberación Nacional (PLN).
¿Qué es un asesor ad honorem?
Es una persona nombrada formalmente para apoyar a un despacho o dependencia institucional, pero sin recibir salario. Aunque no percibe remuneración ni prestaciones laborales, sí tiene deberes y responsabilidades similares a las de un funcionario público y está sujeto a las normas de la institución.
¿Qué recomendó el informe?
Fuente: Recursos Humanos y Asesoría Legal