La Asamblea Legislativa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Poder Judicial sostuvieron este miércoles la mesa de trabajo de Seguridad para definir los proyectos prioritarios orientados a atender la crisis de inseguridad en el país.
A la cita acudieron:
- Rodrigo Arias, presidente del Congreso
- Jefaturas de fracción
- Diputados miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico
- Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia
- Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala III
- Randall Zúñiga, director del OIJ
- Carlo Díaz, Fiscal General
Fotografía: Wilbert Hernández.Destacó la ausencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves; el ministro de Seguridad pública, Mario Zamora y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
Chaves afirmó, semanas atrás, que las reuniones convocadas por Arias son para “tomar café y galletas María” y una “pérdida de tiempo”.
Tras la mesa de trabajo, se definieron 10 proyectos prioritarios en materia de Seguridad:
- Ley para la ejecución de la pena (mayor prioridad para el Poder Judicial y la Fiscalía General)
- Ley sobre la prisión preventiva
- Reforma constitucional para extradición de nacionales (aprobada en primera legislatura)
- Propuesta para que allanamientos se realicen a cualquier hora del día
- Reforma del crimen organizado: capitales emergentes
- Amenazas a funcionarios públicos
- Levantamiento de la inmunidad en investigaciones por corrupción para miembros de los Supremos Poderes
- Acceso del OIJ a datos de operadores telefónicos (iniciativa del Partido Liberal Progresista, PLP)
- Levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales (iniciativa del PLP)
- Poner a policías a declarar bienes ante la Contraloría General de la República (plan del PLP)
Estas iniciativas se dictaminan con carácter prioritario tanto en la redacción de los textos como en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En el caso de la reforma constitucional para permitir la extradición en casos de narcotráfico internacional y terrorismo, este cuenta con la aprobación del Congreso en primera legislatura.
El expediente tiene pendiente lo siguiente:
- Tres votaciones en segunda legislatura en el Plenario Legislativo
- Que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, mencione la reforma en su discurso de rendición de cuentas el próximo 2 de mayo de 2025
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Por su parte, el fiscal general, realizó una serie de peticiones en la reunión:
- Solicitud de recursos para Fuerza Pública
- Recursos para el OIJ
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Plena, afirmó que el proyecto sobre la ejecución de la pena es la máxima prioridad para las partes y una “deuda histórica”.
Magistrado Orlando Aguirre (i) y Fiscal General, Carlo Díaz (d). Fotografía: Wilbert Hernández.“Hay una versión bastante acabada y, creo, que se ría posible darle un empujón un final y que se llegue a aprobar, con lo que estaríamos cumpliendo con una necesidad muy sentida, de que existan reglas para que se establezcan cómo se van a ejecutar las sentencias penales”, manifestó Aguirre, en conferencia de prensa.
“Es una deuda histórica que tenemos con la población privada de libertad”, defendió el fiscal general, Carlo Díaz.
