El Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica oficializó el Acuerdo No. 007-26-27, aprobado durante la sesión ordinaria N.º 028-2026 del 11 de noviembre de 2026.
Mediante este acuerdo, el Congreso puso en marcha el Reglamento para la Prevención, Determinación, Recuperación y Control de Sumas Pagadas de Más y Otros Montos por Cobrar, un marco normativo que busca ordenar y acelerar la devolución de fondos públicos girados por error o incumplimiento.
¿A quiénes aplica y qué regula la medida?
La propuesta reglamentaria fue elaborada de forma conjunta por la Gerencia Administrativa y los departamentos de Recursos Humanos, Financiero y Asesoría Legal. Su acatamiento es obligatorio para las autoridades de la institución y alcanza directamente a varios sectores:
- Funcionarios y exfuncionarios: Personal de planta, interino o de confianza que haya recibido salarios o componentes remunerativos en exceso.
- Diputados y exdiputados: Congresistas actuales o salientes a quienes se les hayan girado montos indebidos.
- Proveedores de bienes y servicios: Contratistas con cobros duplicados, errores de cálculo o facturación, o desembolsos por obras y servicios no ejecutados.
- Otros deudores: Personas físicas o jurídicas con pendientes por incumplir contratos de capacitación, indemnizaciones, multas o cláusulas penales.
El paso a paso para recuperar el dinero
El reglamento establece una ruta de cobro dividida en etapas que van desde el cobro amigable hasta la demanda en tribunales:
- Notificación y advertencia inicial: Recursos Humanos o la oficina de Planilla de Diputados realizarán los estudios técnicos e informarán al menos dos apercibimientos por escrito a la persona deudora para procurar el reintegro voluntario.
- Rebajos de salario o arreglos de pago: Quienes continúen trabajando en el Congreso podrán saldar su deuda mediante deducciones directas de planilla aplicadas sobre el monto bruto. Para exfuncionarios o proveedores, la devolución se hará en cuentas de Caja Única del Estado con el respaldo de garantías como pagarés o letras de cambio.
- Cobro administrativo formal: Si el deudor ignora las advertencias o no llega a un acuerdo de pago, la Gerencia General ordenará a la Asesoría Legal la apertura de un procedimiento administrativo de cobro.
- Demanda judicial ante la Procuraduría: Si finalizado el procedimiento administrativo el dinero sigue sin aparecer, se emitirá una certificación de adeudo y el expediente se enviará a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar la cobranza en los tribunales de justicia.
Casos especiales: herencias e incobrabilidad
La reglamentación contempla además reglas para situaciones complejas en la gestión del dinero público:
- Deudores fallecidos: Las áreas de Recursos Humanos y Asesoría Legal deberán rastrear los procesos sucesorios abiertos en estrados judiciales para reclamar el dinero adeudado a la masa hereditaria.
- Cuentas incobrables: Procederá la declaratoria de incobrabilidad cuando la persecución legal de la deuda no sea financieramente razonable debido a su bajo monto o a la ausencia comprobada de bienes.
- Rendición de cuentas: El Congreso enviará reportes mensuales sobre el avance de los cobros a la Tesorería Nacional, mientras que la Auditoría Interna supervisará la eficacia de los controles.