La directriz aprobada por el anterior Directorio legislativo para darles un plus salarial a funcionarios del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa les costaría a los costarricenses entre ¢70 millones y ¢100 millones al año. Es decir, cada cuatro años el gasto sería de hasta ¢400 millones.
Víctor Emilio Granados, expresidente legislativo que aprobó ese acuerdo, dijo que la naturaleza de ese plus es evitar la fuga de profesionales a las fracciones de los partidos representados en el Parlamento.
Se estipula que ese beneficio es solo para 41 empleados. Esto quiere decir que cada uno de esos funcionarios podría ganar hasta ¢2 millones de más anualmente.
Luis Fernando Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que esa cifra podría variar porque todo depende de que los funcionarios cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo.
“Hasta que se revise el personal que califica nos podemos dar cuenta de su costo verdadero”, aseguró Mendoza.
OTROS QUIEREN
Una de las mayores preocupaciones del Directorio legislativo es que otros departamentos consideran solicitar alzas salariales como la aprobada a Servicios Técnicos, debido a ciertos conflictos que este aumento provocó entre diferentes secciones de la Asamblea.
Mendoza recordó que el departamento de Análisis Presupuestario también solicita un incentivo parecido, mientras que hay otros funcionarios que más bien abogan por derogar el acuerdo.
Ovidio Valerio, director de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, dijo que dicha alza también podría aplicarse a ese departamento en tanto su labor también es técnica y asesora.
Pero más allá de eso, Valerio se mostró preocupado porque el plus salarial para Servicios Técnicos podría extenderse a más de 41 personas, esto traería como consecuencia una subida en el gasto salarial en Cuesta de Moras.
“Uno ve ese acuerdo y no se sabe claramente a quién favorece, es muy probable que más personas se vean beneficiadas con ese plus salarial”, declaró.
Agregó que “eso no es más que un aumento salarial fuerte para la Asamblea, además abre un portillo para que otros asesores pidan pluses salariales. Aquí todos damos asesorías”.
En caso de quedar en firme la directriz, que actualmente está impugnada en el Tribunal Contencioso, empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2014, por eso el Congreso prevé una partida adicional de ¢130 millones para el presupuesto del próximo año.
Anualmente el Primer Poder de la República destina ¢25 mil millones se para pagar salarios.