Asamblea ajusta gastos en remuneraciones y tecnología

La Asamblea Legislativa aplicará el recorte de ₡2.525,5 millones a su presupuesto de 2026, principalmente por recursos que no serán utilizados en plazas vacantes, dietas, servicios, infraestructura y compras que no se concretarán durante este año.

En julio de este año, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, adelantó que el Congreso devolvería los ₡2.525,5 millones, aunque no especificó en qué partidas.

El movimiento forma parte del Segundo Presupuesto Extraordinario y Segunda Modificación Legislativa de 2026, tramitado bajo el expediente 25.803, presentado por el Poder Ejecutivo este 28 de setiembre. El proyecto contempla una reducción neta de ₡167.968,2 millones en el Presupuesto Nacional.

En el caso del Congreso, el Directorio Legislativo acordó una disminución definitiva de ₡2.525.508.468 como parte de las medidas de contención del gasto.

Entre los recursos que se rebajan aparecen economías generadas por plazas institucionales que permanecieron vacantes, así como menores necesidades para el pago de dietas de los diputados y gastos de representación.

También se identificaron excedentes en alquileres, servicios públicos y telecomunicaciones.

A esto se suma la postergación o reprogramación de compras de equipo de cómputo, mobiliario, licencias de software y otras inversiones tecnológicas previstas inicialmente para este año.

Según la justificación incluida en el presupuesto extraordinario, estos recursos corresponden a economías o contrataciones que ya no se materializarán durante 2026, por lo que su eliminación no afectaría la continuidad de las operaciones legislativas.

Mueven recursos para salarios

Paralelamente, el Congreso realizará una modificación interna por ₡127,2 millones para trasladar recursos de diferentes gastos operativos hacia el pago de remuneraciones y cargas sociales.

Este movimiento no implica un aumento en el presupuesto total de la Asamblea, sino una redistribución del dinero disponible.

El expediente deberá superar el trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios y posteriormente recibir la aprobación del Plenario para que las modificaciones entren en vigencia.