Al arroz, los aparentes grupos opuestos a la producción nacional suspendieron sus ataques, al girar baterías hacia el Consejo Nacional de Producción (CNP), principal comprador de la pequeña y mediana agricultura.
Mientras en la región Brunca la Burkholderia avanza hacia el interior del país afectando el rendimiento en los cultivos del grano, en algunos escritorios se activan las calculadoras, ante un eventual desabasto por causa de esta bacteria.
Mientras en una mesa técnica arrocera a los principales dirigentes los entretenían con la elaboración de una hoja de ruta, que nueve meses después sigue sin brújula, en la Asamblea Legislativa pasaban el proyecto adhesión de Costa Rica a la OCDE, que entre sus capítulos (política de competencia), aprobados, recomienda eliminar la protección al precio del arroz (liberalizarlo).
Acabar “gradualmente” con un precio fijado por ley da pie a uno nuevo regido por la oferta y demanda en el mercado, tanto para el consumidor como al productor arrocero, el más afectado de la cadena, principalmente el pequeño y mediano, cuyo precio fijado de compra puesto en planta industrial, también se lo lleva en banda dicha recomendación. El arroz está hecho un “arroz con mango”.
En tanto en Cuesta de Moras, iniciativas para que Conarroz funcione como banca de segundo piso, con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), duerme el sueño de los justos en una “cajita blanca”, adornada por el silencio de una respuesta pendiente de la Asamblea Legislativa a una consulta de la Sala Constitucional, donde la Contraloría General de la República (CGR) presentó un recurso en contra de la condonación de deudas a los pequeños y medianos productores de diversos sectores agrícolas.
Como expuse, ahora las baterías apuntan, con fuerte artillería, hacia el CNP cuya bayoneta para defender el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) es insuficiente en la acción de repeler en solitario los ataques, que desde diferentes flancos grupos empresariales buscan recuperar posiciones ocupadas hoy por pequeños y medianos productores, que, desde sus trincheras, algunos, prefieren ver los toros de lejos. Al CNP lo quieren acabar porque el PAI dejó de ser, para empresarios privados, su canal de comercialización.
Si bien a la institución habrá que hacerle reajuste en su mecanismo de compra, el CNP en frijoles sostiene a unos 27 proveedores de pequeños y medianos agricultores. Aquí es saber si hay algún interés del Gobierno por darnos sopa negra criolla o triangulada, con frijoles ingresados al país, supuestamente camuflarlos en el PAI o parar ese festín y averiguar quiénes están introduciendo el grano.