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Hoy darán inicio las conversaciones y revisiones entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con respecto al polémico monto que la entidad factura a los vecinos del cantón.
El encuentro, que será mediado por la Defensoría de los Habitantes, tiene como objetivo discutir la obligación de pago por ¢46,9 millones, correspondiente al servicio brindado durante abril de este año.
“Esperamos una mesa principalmente donde haya respeto para todas las partes, yo creo que eso es fundamental y, además, seguir evidenciando que el cobro es irregular”, apuntó Michael Álvarez, alcalde de Paraíso.
El gobierno local ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a saldar el compromiso financiero; no obstante, señalan que el cálculo presenta inconsistencias y rubros que no deberían ser considerados, ya que el pozo es
gestionado por la municipalidad desde 2020.
Ambos entes firmaron un “acuerdo de cordialidad”, con la finalidad de que las sesiones, organizadas por la defensora Angie Cruickshank, permitan resolver la controversia.
“Se informa de nuestro compromiso de contribuir a generar un espacio de paz social; en el entendido de que, en el marco de nuestra participación en el proceso de facilitación que llevará a cabo, renunciamos a las vías de hecho con violencia o afectación de derechos fundamentales de terceros”, señala la carta remitida por Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA.
La cita se llevará a cabo en horas de la mañana, en la sede de la Defensoría de los Habitantes, ubicada en Barrio México.