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Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Superintendencia de Pensiones (Supen) suscribieron un convenio conjunto con el Departamento de Ciencias Actuariales de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el que dicho centro de enseñanza hará una labor de acompañamientos del estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Lo que hará la UCR, entre otros, es analizar cada uno de los informes preliminares rendidos por el consultor contratado, Eduardo Melinsky, los cuales han sido rechazados en varias ocasiones por la comisión técnica integrada por la Supen y la Caja.
La UCR tendrá acceso a toda la información brindada a Melinsky y dentro de los compromisos emitirá recomendaciones acerca de los supuestos alcanzados, evaluará la metodología usada por el contratista, valorará la razonabilidad de los ajustes y escenarios de la reforma y deberá externar un criterio sobre los productos actuariales del IVM entregados por Melinsky.
A pocos días de vencer el pazo para que Melinsky entregara el informe actuarial final sobre la situación del IVM, la CCSS en conjunto con la Supen acordaron suspender el contrato por tres meses, plazo que vencerá el 25 de abril.
María del Rocío Sáenz Madrigal, presidenta ejecutiva de la Caja, explicó que el objetivo del acompañamiento “es el de fortalecer y hacer más transparente la realización del estudio, así como promover la certeza y seguridad respecto a la calidad de la metodología de los productos obtenidos”.
La CCSS y Supen suscribieron un contrato por $125 mil con el experto actuarial, Eduardo Melisnky, a fin de que hiciera un estudio en que se determinara la situación real y futura del IVM y propusiera las acciones necesarias para sanearlo. Juan Carlos Durán, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), sostuvo sobre el tema: “Esperamos un profundo análisis y un informe técnico que dé luz al tema, ya que el país necesita construir una ruta de fortalecimiento del IVM que sea solidaria e inclusiva y ayude a la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza”.
El régimen de IVM que administra la Caja es considerado el más grande del país, cuenta con poco más de 1,4 millones de cotizantes, y 217.345 pensionados y una reserva que asciende a los ¢1,9 billones.
Por su parte, Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones, mencionó que “la Caja ha estado tomando una serie de medidas para hacer más solvente el régimen entre ellas: incremento del 0,5% de la cuota cada cinco años, además se elevó la base mínima contributiva y se está cobrando a las empresas públicas el porcentaje respectivo sobre las utilidades, según lo dispone la Ley de Protección al Trabajador”.