La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se encuentra atada de manos para suspender las solicitudes de aumento de las tarifas eléctricas, así como el suministro de combustibles.
La institución estudia la sugerencia que realizó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para posponer por tres meses el trámite en los procedimientos y entrada en vigencia de cualquier ajuste en la tarifa eléctrica, transporte de los hidrocarburos y de GLP, así como su suministro.
Roberto Jiménez, regulador general de la República, manifestó que antes de que llegara la solicitud del Minae estuvieron evaluando alternativas.
No obstante, reconoció que el sector eléctrico, el de combustibles y todos los servicios públicos regulados se rigen por reglas muy claras.
Jiménez acotó que en la legislación nacional no se prevén casos de excepción como el que enfrenta el país en la actualidad, lo cual limita los tiempos de actuación y el tipo de medidas que se puedan tomar.
Añadió que aunque efectúen las evaluaciones y análisis correspondientes, muchas de las decisiones vendrán desde las empresas prestadoras analizando sus flujos de efectivo, así como la capacidad de poder hacer una de las iniciativas que se plantearon.
El regulador general utilizó la frase “sin chocolate no hay cacao” (sic) para expresar que los recursos son limitados y que toda la cadena de valor de la producción del país se va a ver afectada.
Dijo que desde la institución toman en consideración la situación especial que se enfrenta y que se está tratando de implementar las medidas más adecuadas pensando en el usuario.
SOLICITUD
Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, envió una nota a la junta directiva de Aresep y enfatizaron que la disposición no tiene como finalidad afectar económicamente a los usuarios ante la emergencia nacional.
Rodríguez agregó que la medida se pide por tres meses luego de considerar las revisiones por la situación epidemiológica, así como considerar el respaldo técnico del Ministerio de Salud.
El jerarca sugirió que se establezcan los mecanismos que correspondan con el propósito de evaluar las solicitudes de eventuales ajustes tarifarios con base en los efectos de la economía y que afecten al sector residencial, industrial y comercial.
De acuerdo con la máxima autoridad de Ambiente y Energía, se debe promover la disminución de los efectos negativos de la crisis y también es necesario evitar mermar la capacidad de pago en los usuarios.
Enfatizó que la petición se efectúa con base en el contexto actual que enfrenta Costa Rica, así como por la urgencia de tomar medidas extraordinarias que contribuyan a la mitigación de los impactos económicos.