El panorama de violencia que enfrenta Costa Rica no excluye los centros educativos.
En 2024, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó una amenaza de tiroteo cada cuatro días frente o cerca de una institución de enseñanza, por lo que se activó el protocolo de seguridad en 43 ocasiones.
Esta cifra representa un incremento de 13 incidentes respecto al año anterior y evidencia una preocupante realidad: los estudiantes, docentes y personal administrativo están expuestos a situaciones de peligro cada vez con mayor frecuencia.
Resulta imperativo que el MEP relance el plan para atender este tipo de eventos con medidas integrales y efectivas.
La estrategia anunciada al inicio del curso lectivo 2025, en conjunto con organismos como la Unicef, el Ministerio Público, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), marca un paso en la dirección correcta, pero debe materializarse de manera rápida y eficaz.
No basta con actualizar un protocolo existente, es necesario implementar una política clara que prevenga y reduzca la cantidad de casos antes de que se conviertan en tragedias.
Las amenazas y la presencia de armas cerca de escuelas y colegios no pueden tomarse a la ligera. La detección y decomiso de armamento en estos entornos es competencia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), lo que subraya la necesidad de un trabajo articulado entre las entidades responsables de la enseñanza y la seguridad.
Sin embargo, más allá de la reacción ante un incidente, se debe apostar por la prevención. Esto implica educar a los estudiantes sobre el peligro de la violencia, fortalecer la atención psicológica en las instituciones, promover espacios de denuncia segura y garantizar una vigilancia efectiva en los alrededores de los centros educativos. El aumento en la cantidad de siniestros relacionados con armas de fuego no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema mayor: la escalada de violencia que azota al país. En este contexto, resulta urgente que la estrategia del MEP sea integral, coordinada y con resultados tangibles.
Se trata de proteger a los alumnos y docentes en el momento de un ataque, pero además de generar un ambiente seguro que impida que estos casos sigan ocurriendo. La seguridad en las aulas es un derecho fundamental que no puede postergarse. Esperemos que el plan anunciado no quede en una promesa, sino que se traduzca en acciones concretas que aseguren la protección de la comunidad educativa. La situación actual no admite demoras ni medidas a medias.
La vida de niños y jóvenes está en juego, su seguridad debe ser una prioridad absoluta para el Estado y la sociedad en general.
