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El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, con 50 votos a favor y ninguno en contra, el expediente 25.206 que busca fortalecer la prevención y sanción del apoderamiento ilegal de combustibles en el país.
La iniciativa reforma la Ley 9852 para ampliar las herramientas de persecución penal, así como los controles administrativos y policiales.
Uno de los cambios centrales consiste en sustituir el delito de robo de combustibles por la figura de apoderamiento ilegal de combustibles, eliminando la necesidad de acreditar uso de fuerza o violencia sobre las personas para sancionar la sustracción no autorizada.
El texto crea la Unidad Especial para la Protección de Ductos de Combustible, un cuerpo adscrito a Recope que operará bajo un régimen de disponibilidad las 24 horas del día.
Su personal estará capacitado para patrullar instalaciones y servidumbres de paso de la empresa pública, y estará facultado para aprehender en flagrancia a sospechosos y decomisar preventivamente bienes y combustible para ponerlos a disposición judicial.
La iniciativa declara el Sistema Nacional de Combustibles como infraestructura crítica y servicio público esencial.
La reforma aún deberá someterse a la votación en segundo debate antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su firma y publicación en el diario oficial La Gaceta.

