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El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 24.353, un proyecto de ley que pretende liberar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) de más de 30 mil educadores jubilados, afectados desde el año 2020 por la regla fiscal.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jonathan Acuña, propone una modificación a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) para permitir que estas pensiones puedan ajustarse por costo de vida, aun cuando se mantengan congelados los salarios del sector público debido a la aplicación de la regla fiscal.
El problema se origina en que las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 están vinculadas a los aumentos salariales de las personas funcionarias activas. Sin embargo, desde el 2020 no se han aplicado incrementos por costo de vida en el sector público, lo que ha provocado que estas jubilaciones permanezcan sin ajustes durante varios años.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, esta situación ha generado una pérdida del poder adquisitivo para miles de personas pensionadas, en un contexto donde el costo de vida ha aumentado. Se señala que entre julio de 2020 y abril de 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento superior al 10%.
El texto aprobado establece que, en los escenarios donde se activen las medidas extraordinarias de la regla fiscal, es decir, cuando la deuda pública supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), las pensiones del RTR deberán revalorizarse automáticamente con base en el IPC y con una periodicidad semestral.
“Son miles de personas que dieron su esfuerzo durante muchos años en nuestro sistema de educación pública y que han visto sus pensiones congeladas en los últimos cinco años de manera absolutamente injusta. Con este proyecto vamos a descongelar para siempre estas pensiones para que nunca más se repita esta injusticia”, expresó Acuña.
Asimismo, la iniciativa contempla un artículo transitorio con el fin de compensar parcialmente el rezago acumulado durante los años de congelamiento. En ese sentido, se propone que durante un periodo de cinco años se otorguen aumentos adicionales diferenciados: un 2% anual para las pensiones más bajas y un 1% anual para aquellas de mayor monto.
El proyecto también argumenta que el congelamiento de estas pensiones podría contravenir disposiciones del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de revisar periódicamente los montos de las prestaciones ante variaciones en el costo de vida.
Tras su aprobación en primer debate, el expediente deberá superar una segunda votación en el plenario legislativo para convertirse en ley.
Por medio de un pronunciamiento, la Defensoría de los Habitantes celebró dicha aprobación, asegurando que el congelamiento trae consecuencias.
“Son afectaciones para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo, así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, la compra de medicamentos, alimentación y servicios públicos, colocando a esta población en una situación de vulnerabilidad económica”, alegaron.