Aprueban presupuesto en primer debate a pesar de cuestionamientos de la oposición

El Presupuesto de la República para 2027 superó el primer debate legislativo con 31 votos del oficialismo, pese a los cuestionamientos de la oposición sobre la distribución de los recursos.

El Gobierno defiende el plan de gastos como una herramienta para financiar sus prioridades y dar continuidad a proyectos de infraestructura y seguridad.

El diputado oficialista Nogui Acosta afirmó que la aprobación permitirá avanzar con otros asuntos de la agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias, entre ellos el segundo presupuesto extraordinario de este año.

“Nos interesa que sea aprobado el presupuesto por dos razones fundamentales: primero, porque nos da espacio para poder discutir otros temas en el periodo de sesiones extraordinarias y, lo segundo, es porque hay muchos otros proyectos que requieren que sean conocidos, particularmente el segundo presupuesto extraordinario para este año”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con los recursos del Poder Judicial. El presupuesto mantiene condicionados ¢29.843 millones, equivalentes al 5,6% de la asignación judicial. La medida generó preocupación por sus posibles efectos en los tribunales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la contratación de personal y la prestación de servicios.

También se cuestionó la redistribución de ¢250.069 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). La modificación reduce recursos para Cen-Cinai, la atención de personas en situación de indigencia, vivienda, prestación alimentaria y Red de Cuido, mientras aumenta las asignaciones para pensiones no contributivas, el PANI, el IMAS, Conapdis, Avancemos y comedores escolares.

En educación superior, la discusión se centró en el traslado de ¢8.048 millones del FEES para atender contribuciones patronales pendientes con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). La deuda del Ministerio de Educación Pública con esa entidad ascendía a ¢75.000 millones en septiembre de 2026.

Acosta rechazó que el presupuesto contemple una reducción del FEES y aseguró que la asignación se mantiene en ¢593.000 millones.

“Se ha dicho mucho que hay recortes en el FEES y eso es mentira, el FEES se mantiene sin cambios”, manifestó.

El jerarca reconoció que parte de los recursos inicialmente previstos para otros fines se utilizaron para atender obligaciones distintas, entre ellas el pago de pensiones del magisterio. Defendió que la distribución responde a las prioridades del Poder Ejecutivo.

“Al final de cuentas, el presupuesto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Hay prioridades y hay necesidades. Cuando ustedes ven para qué estamos utilizando los recursos, también es un tema de prioridades”, indicó.

Acosta también destacó que el presupuesto contempla recursos para proyectos como la carretera a San Carlos y la seguridad marítima. Agregó que finalizar el trámite del presupuesto permitiría abrir la agenda a temas prioritarios para el Gobierno, como los eurobonos.

“El 38% del presupuesto es deuda. Hay que buscar cómo conseguir esos recursos, sea en el mercado local o sea en el mercado internacional. ¿Cuál es el problema que tenemos? Cuando lo hacemos en el mercado local, presionamos las tasas de interés”, explicó.

El presupuesto asciende a ¢12,4 billones. Tras la aprobación en primer debate, la Presidencia de la Asamblea anunció el inicio del trámite del segundo debate para el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, la oposición sostiene que se debe esperar a los pronunciamientos de la Sala Constitucional para definir si la aprobación final requiere mayoría simple o una votación calificada de 38 votos, debido a su incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial.

Abril Gordienko

Diputada PUSC

“Si aprobamos estas normas tal y como están, el presupuesto 2027 va a terminar naufragando en la Sala Constitucional. Lo sensato, lo razonable y lo racional es corregirlas aquí. Seamos responsables con una de nuestras obligaciones fundamentales, que es aprobar el presupuesto”.

Eder Hernández

Diputado PLN

“Es un presupuesto cruel y carente de sensibilidad con quienes menos tienen. Recortes en seguridad, cultura, educación y salud, que generarán un retroceso en la calidad de vida de los costarricenses y, principalmente, afectarán a miles de niñas, jóvenes, madres, adultos mayores”.

Diana Murillo

Diputada PLN

“Nos dijeron que las arcas del Estado estaban llenas, que así se las entregaban a la nueva administración. Creíamos que íbamos a tener un presupuesto robusto para el 2027. Ahora nos dice que no hay plata y tenemos que ajustarnos a la realidad de este país. Lamentablemente, le están socando la faja a los que menos tienen”.

María Eugenia Román

Diputada FA

“Este presupuesto contiene al menos dos vicios de inconstitucionalidad, aunque podría tener más. El primero es el recorte al FEES de un dinero que el legislador no puede tocar. Firmaron un acuerdo, las universidades se comprometieron y el oficialismo decidió recortar a la educación de sus hijos”.

Kattia Calvo

Diputada PPSO

“Es un presupuesto responsable, que se ajusta a lo que no se ha gastado históricamente en este país y no quedan superávits para que sigan haciendo piñatas, para que sigan acumulando dinero como lo han hecho muchas instituciones para hacer sus torerías, en inversiones a la vista ganando intereses. ¿Para qué ocupan intereses?”.

Nogui Acosta

Diputado PPSO

“La responsabilidad de estos diputados es tener claridad de dónde se requieren los recursos y a las universidades les está sobrando la plata. El presupuesto se recorta, pero eso es porque hay una caída en la recaudación. Este Gobierno es responsable y entiende que no se puede repartir lo que no se tiene”.