La Asamblea Legislativa aprobó un informe que sienta responsabilidades sobre los procesos llevados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para la compra de mascarillas y por presuntos malos manejos de fondos.
De forma unánime, 53 diputados dieron trámite al expediente que dictamina que la Caja nunca se encontró en un estado de desabastecimiento de productos médicos y, por ende, de mascarillas.
Incluso, muchas de las mascarillas adquiridas no eran para uso médico y, además, el Comité de Implementos Médicos y Quirúrgicos no les realizó pruebas de calidad antes de ser distribuidas en los hospitales y clínicas. Además, se eliminó el requisito de contar con un registro sanitario para la venta de insumos médicos en productos como guantes y cubrebocas.
Del mismo modo, se indica que Luis Fernando Porras, exgerente de logística, “omitiendo los lineamientos de control interno del Reglamento de Compras Excepcionales de la CCSS” dio la orden de compras excepcionales y Hans Vindas (asesor de gerencia de logística) tuvo injerencia en contrataciones excepcionales realizadas por la emergencia de Covid-19, ingresando ofertas y proformas que no cumplían con los requisitos esenciales.
En la misma línea, Miguel Salas Araya y Maynor Barrantes Castro, (director y jefe del Área de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, respectivamente) permitieron que funcionarios a su cargo recibieran y tramitaran ofertas irregulares.
“Este informe es una muestra más de los graves casos de corrupción, de los que ya está harto el país”, dijo la diputada de Nueva República (NR) Gloria Navas
En la misma línea, se apunta que la Junta Directiva de la CCSS dotó a las Gerencias de la posibilidad de realizar contrataciones administrativas por montos que iban desde $500 mil hasta $5 millones de dólares y, finalmente, se asegura que las contrataciones realizadas fueron llevadas a cabo sin un sistema de control interno.
“En el caso de las contrataciones, en las cuales ni siquiera se entregó el producto de la forma pactada, fue requerido realizar nuevas compras, incluso a un mayor precio, todo debido a los incumplimientos contractuales, generando así un gasto extraordinario y excesivo para la Administración”, detalla el documento.
El informe legislativo será remitido al Ministerio Público para que investigue responsabilidades penales, la inhabilitación de funcionarios y plantea a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar eventuales responsabilidades por daños ocasionados al Estado.