Este martes y tras una acalorada discusión, los diputados acordaron dar segundo debate al proyecto que obliga a las empresas de telefonía celular a bloquear la señal en los centros penitenciarios.
Este proyecto, que fue una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Justicia, fue votado en primer debate el pasado 24 de mayo, pero ante las dudas de cómo se podía implementar el bloqueo, se envió a consultas a las empresas y otros entes.
La iniciativa obliga a los operadores de telecomunicaciones a adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones al interior de centros penitenciarios, incluyendo unidades de atención integral, centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional.
La iniciativa se votó con el favorecimiento de 47 legisladores, solo los diputados Erwen Masís y María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se opusieron.
Según dijo el jefe socialcristiano, su voto en contra se debió a que el proyecto no se depuró como él esperaba y que los cinco puntos que él presentó no fueron acogidos.
Si bien el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles es prohibido, la Policía Penitenciaria se ve superada en ocasiones.
Los teléfonos se usan para cometer delitos como estafa, extorsión o se organiza el ingreso y tráfico de drogas y armas a los centros penales.
La ministra de Justicia Marcia González había indicado que por año la Policía Penitenciaria incauta hasta 4 mil celulares y que hoy se mantienen 35 mil en bodegas.
“Según los insumos que tenemos de la Sutel esto ha sido posible en otros países, y creemos que es posible realizarlo y cumplir así con el requerimiento de las autoridades en el combate al crimen”, señaló el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional (PLN).
La medida también exige a las operadoras que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.
Se establece, además, un plazo de 9 meses para que se redacte el reglamento, donde se espera evacuar algunas dudas que aún se tienen del mismo.