Dra. Ana Lucía Valerín
Vocera del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos
La reciente aprobación de la ley de sangre en Costa Rica marcó un hito fundamental en la mejora de la gestión de este recurso tan vital para la salud pública. Después de más de 30 años de esfuerzos, finalmente, el país cuenta con una legislación que busca regular de manera rigurosa todo el proceso relacionado con la donación, procesamiento, distribución y transfusión de dicho líquido, un elemento esencial en la medicina moderna.
La sangre es un producto biológico obtenido de otra persona y se utiliza principalmente en receptores comprometidos, es decir, en quienes no cuentan con un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para lidiar con posibles riesgos. Este hecho subraya la importancia de garantizar que cada unidad que se transfunda cumpla con altos estándares de seguridad, tanto para los donantes como para los pacientes. La creación de esta ley es, por tanto, crucial para proteger la salud de los ciudadanos y optimizar los recursos limitados en el sistema sanitario.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación consiste en su enfoque en la fiscalización y regulación. El proyecto responsabiliza al Estado de la toma de decisiones para mejorar todo el proceso de adquisición, distribución y uso, así como para evitar el desperdicio de un recurso limitado. Este tipo de medidas no solo garantizan la eficiencia en su utilización, sino que también permiten que el sistema de salud sea más transparente y confiable.
Además, la ley tiene como objetivo definir y proteger los derechos de los donantes, quienes, de forma desinterasada y sin esperar ninguna compensación, realizan un acto altruista y voluntario.
Porque es un acto generoso que puede salvar vidas, pero requiere un manejo adecuado y una infraestructura de calidad. Por esta razón, la ley pone especial énfasis en que el proceso se lleve a cabo de manera óptima, brindando a quienes contribuyen la confianza de que su esfuerzo será aprovechado al máximo.
El Ministerio de Salud será el ente rector en la implementación y regulación de esta ley, lo que garantiza que haya una coordinación adecuada a nivel nacional. Esto resulta esencial, ya que uno de los desafíos más importantes en la donación comprende el estandarizar los criterios y procedimientos en todo el país.
Gracias a esta ley, se podrá establecer un marco normativo que facilite la promoción de donar voluntariamente y se optimice la gestión de este recurso, asegurando que todas las campañas de recolección cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Es claro que, en este tema, la tecnología juega un papel crucial, pues el uso adecuado de los hemocomponentes requiere un procesamiento riguroso y especializado. De esta manera, la ley también contempla la actualización constante de las prácticas y la implementación de tecnologías disponibles en el país, para garantizar que la transfusión sea segura y efectiva. Por esta razón, la aprobación de la ley de sangre en Costa Rica representa un avance significativo para el sistema de salud y la seguridad de los pacientes.
No solo regula la donación y transfusión, sino que también, otorga las herramientas necesarias para gestionar este recurso de manera responsable, eficiente y segura. En un país donde la solidaridad de la ciudadanía ha sido siempre un pilar fundamental, esta ley fortalecerá aún más la cultura de la donación altruista y mejorará la calidad de vida de los pacientes que dependen de dicho recurso para sobrevivir.
