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Para la Contraloría General de la República existe una falta de información suficiente y pertinente sobre la disponibilidad hídrica en las cuencas hidrográficas de Costa Rica, situación que a su criterio es lo que limita la certeza científica y técnica de respaldo al otorgamiento de agua para diferentes usos.
Dicha situación es explicada por la Contraloría General de la República en el informe Dfoe-AE-IF-03-2014, entre otros aspectos puntualiza que el Ministerio de Ambiente y Energía no ha establecido ni regulado -vía decreto- las zonas de regulación donde se pueden perforar pozos ni cuáles son las zonas de reserva acuífera, sino que más bien se ha basado en estudios técnicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara).
Los sectores de regulación a la perforación de pozos son aquellas con condiciones de vulnerabilidad a la capacidad máxima del acuífero en lo que a la calidad del agua o condiciones especiales se refiere.
Estas áreas son importantes para el abastecimiento poblacional que resultan estratégicas en materia de protección, al tiempo que la entidad contralora llama la atención en el sentido de que el Minae no cuenta con una guía para resolver pugnas entre las instituciones.
“La falta de definición de zonas de regulación a la perforación de pozos y zonas de reserva acuífera, limita disponer de criterios suficientes y pertinentes para en lo sucesivo aprobar o denegar permisos de perforación en los términos establecidos en el artículo 11 del decreto ejecutivo 35884”.
FALTA, FALTA Y FALTA
Además del problema antes señalado, la entidad fiscalizadora del Estado señala que en materia de la sostenibilidad del recursos hídrico no existe una debida rendición de cuentas sobre el manejo del agua, tal y como se indica en la Política Hídrica Nacional en las áreas de protección del recursos hídrico, la prevalencia de los principios de precaución y prevención de la gestión del agua, el uso racional, la prevención y reducción progresiva de la contaminación y la inversión en proyectos para dicho objetivo.
También faltan los indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad previstos, el cual según la Ley Orgánica del Ambiente, el Estado es el encargado de implementar un sistema de información con los parámetros ambientales destinados a analizar la evolución y correlación con indicadores económicos y sociales para el país.
“Esto es relevante pues los objetivos de sostenibilidad están directamente ligados con el bienestar económico y social de la población y con la garantía de disponer de recurso hídrico en calidad y cantidad para las futuras generaciones.
La falta de medición de los resultados alcanzados y, por ende, de rendición de cuentas, limita la retroalimentación de la gestión y su eventual reorganización para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico”, reafirma la Contraloría.
Otro de los asuntos a los cuales la Contraloría llama la atención es que durante los 10 últimos años el Estado efectuó alrededor de 17 procesos de participación ciudadana en materia de suministro de agua, pero estos carecen de mecanismos orientadores por parte de la institución hacia la contribución eficaz de dicha participación.
Al AyA le falta una normativa interna de materia de participación ciudadana y se basa en procedimientos informales, por lo que no se da una activa y organizada toma de decisiones en la protección y mejora del ambiente.
“El desafío para el Estado costarricense consiste en utilizar los procesos de participación ciudadana para fortalecer la toma de decisiones y, a la vez, mantener el balance en la reducción del desarrollo de los procesos y el costo que ello representa, desde la perspectiva de costo-efectividad”, añade el documento.