La Contraloría General de la República (CGR) apoyó el proyecto de ley que busca prohibir la explotación petrolera y de otros minerales que pueden provocar daños medioambientales.
Se trata del proyecto de Ley 21.641, para que se prohíba la libre exploración y explotación de carbón, petróleo y gas natural.
LA PROPUESTA
Según describe el proyecto, su objetivo principal es descarbonizar la economía nacional.
“El proyecto de ley reforma los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para que se agregue al ministro la rectoría en materia de combustibles. Además, se adicionan otros numerales para que se incorpore el tema de combustibles fósiles y alternativos de energías renovables, en la cadena de suministro, transporte y dictado de política”, describe la iniciativa.
El proyecto también otorga al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) facultades para que pueda comercializar y producir energías alternas, por medios propios o mediante alianzas con el sector privado.
POSICIONES
Varias bancadas legislativas y el propio Poder Ejecutivo han visto el proyecto como una buena opción para que el país cumpla con los compromisos ambientales que ha adquirido para las próximas décadas.
“Deben descartarse modelos obsoletos que ocasionen riesgos financieros y ambientales importantes; ello por cuanto también se han promovido iniciativas contrarias que pretenden incentivar el uso de gas natural y el fomento de la exploración y explotación de petróleo, oro, gas natural y otros minerales”, cita la Contraloría.
El órgano supervisor menciona que es necesario que en el país se incentive a que las actividades utilicen energía eléctrica proveniente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya que en un 99% se obtiene de fuentes renovables.
“La decisión de declarar a nivel de Ley de la República la prohibición de la exploración y explotación en el territorio continental y marino, de combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y gas natural, y prohibir el otorgamiento de permisos o concesiones para esos fines, encuentra suficiente respaldo jurídico en la Constitución Política”, agrega la opinión de la CGR.