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La aplicación de la justicia en los pueblos indígenas del país deberá respetar la visión de mundo que estas poblaciones tienen. Así se especifica en una nueva ley que los diputados aprobaron la semana anterior.
Se trata del expediente 17.805, Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, que impulsó el diputado José María Villalta desde 2010, con el respaldo del Poder Judicial por medio de la Subcomisión de Pueblos Indígenas y la Unidad de Acceso a la Justicia.
Precisamente la magistrada Carmenmaría Escoto, vicepresidenta de la Corte Plena y coordinadora de la subcomisión, indicó a DIARIO EXTRA que la aprobación de esta ley, es un logro más por responder a la deuda histórica que ha tenido el país con el trato hacia las personas que originalmente habitaban este continente.
“Hablamos de la población más vulnerable y autóctona de esta tierra. Costa Rica, a estas alturas del siglo XXI, no solo requiere, sino que exige la aprobación de leyes que garanticen a los pueblos indígenas el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y su protección y ejercicio pleno”, aseveró la magistrada.
La jueza superior agraria Damaris Vargas, coordinadora de la comisión, resaltó que esta normativa facilita la aplicación de convenios internacionales que el país ha decidido respetar.
“Esta ley establece como lineamiento el acceso a la justicia con apego a la realidad cultural, esto es fundamental porque, de acuerdo con los convenios internacionales, nosotros los juzgadores debemos resolver los casos de esta población de acuerdo con sus costumbres y cosmovisión de la vida y no aplicar leyes nuestras, de las cuales ellos nunca participaron en su formulación”, explicó Vargas.
Muchas de estas garantías provienen de convenios internacionales, pero, como ha existido resistencia a aplicarlas a pesar de ser obligatorias, la tutela y el acceso a la justicia de las personas indígenas se materializó en leyes específicas.
Con la aprobación de esta normativa, el país avanzaría en el cumplimiento de los artículos 2, 8 y 12 del Convenio 169 de la OIT, lo cual es congruente con su política de respeto a los derechos humanos.
CAMBIOS
La ley establece que el Poder Judicial otorgará asistencia letrada en casos que así se requieran, además de la capacitación que se impartirá a jueces, personal auxiliar, defensores y fiscales.
Los juicios y audiencias se efectuarán en el lugar de los hechos para evitar traslados. Se deberá realizar visitas a las zonas para informar sobre la nueva ley. Un trato prioritario a las personas indígenas y el derecho a traductor.
Según Escoto, se garantiza el acceso a la justicia con asistencia técnica gratuita especializada desde la Defensa Pública, donde hay especialistas en materia indígena para la disciplina contenciosa administrativa y eventualmente la procesal civil. Sumado a la asistencia técnica gratuita en materia agraria, penal laboral y de pensiones alimentarias.
“Acceso gratuito a las personas indígenas en todas las disciplinas, porque la justicia debe ser gratuita y estar al alcance de toda persona y con mucha más razón a las personas de escasos recursos y a las personas indígenas en primer término, lo cual no se contaba”, apuntó.
DATOS
La ley obliga al Poder Judicial a tener estadísticas propias de los procesos penales de indígenas, de juicios agrarios, entre otros. Si bien la mayoría de estos juzgamientos tienen que ver con materia penal y agraria, no se tienen datos completos de todos los procesos aplicados.
“Por ejemplo, en el Contencioso Administrativo, el Poder Judicial no tiene personas defensoras públicas que atiendan a las personas indígenas, entonces, a partir de esta ley, la Defensa Pública deberá dar una solución a estos casos, ya que no es solo dar defensa gratuita, sino ofrecer una defensa técnica capacitada, lo que llevará a plantear programas de especialización”, subrayó la jueza Vargas.
La normativa incluso obliga al Poder Judicial a que, en su plan estratégico quinquenal, tenga que incluir la temática indígena impactando así todos los proyectos que ahí se formulen.
“Creemos que hubo una gran visión en aprobar esta ley, y ya este año se vence el plan estratégico del Poder Judicial y se está planeando en el siguiente que deberá incluir esta temática e incluso para hacer participar a las personas indígenas”, agregó la jueza agraria.
Para el peritaje necesario con el fin de obtener claridad sobre esa visión cultural de dicha población, que es bastante costoso, el Poder Judicial ha realizado convenios con la Universidad de Costa Rica (UCR), para que sea la Escuela de Antropología de esta casa de estudios dichos estudios, y así bajar el impacto presupuestario.