El país definió, por uno u otro lado, abrirse a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, noticia que para unos no fue lo mejor y para otros sí.
Pese a esa división, los costarricenses tienen que vivir con la decisión tomada hace algunos años. Aunque Costa Rica es nueva en esos pasos, lo que sí debe de asegurarse es que exista la universalidad pregonada y prometida a los usuarios, con eficiencia, eficacia y una administración justa de las reglas del juego para todas las partes así como de los recursos que generen para el Estado.
Y es aquí donde justamente el asunto se empieza a enredar. En el caso de los dineros generados para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), es decir $200 millones, aún no se definen los proyectos para reducir la brecha digital, ni mucho menos se van a ejecutar, incluso existen discrepancias entre sectores sobre la manera más adecuada para financiar proyectos a través de este dinero.
En su momento los problemas fueron para las operadoras con la instalación de las antenas para dar cobertura al servicio, entonces la Ley les obliga a cumplir en un tiempo determinado, pero son entonces otros actores los que impiden que se llegue a diversas comunidades.
También se han generado críticas fuertes por parte de los gremios y diputados de la oposición por gastos generados en consultorías millonarias donde se estima un gasto de ¢500 millones, según los sindicatos.
Ahora, en esta escalada de acontecimientos, viene el tema de la portabilidad. En otras palabras, la posibilidad de que un usuario brinque de una compañía a otra conservando el mismo número, donde los plazos se han corrido a falta de “aún no estar listos” para la implementación por parte del ICE, entidad que incluso ha recurrido con ese argumento en innumerables oportunidades.
Según trascendió la semana anterior, en este aspecto específico, las operadoras y el ICE lograron verbalmente ponerse de acuerdo para poner en marcha esa opción en noviembre de este año.
Sin embargo, en todo este escenario, de una u otra forma, quien lleva las de perder es el usuario. No hablamos de un asunto específico, sino del conjunto en cómo se han venido desarrollando muchas de las fases de esta apertura por la cual optó el país.