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El juicio contra 31 imputados del caso “Los Gery”, por presunto tráfico internacional de drogas, ya generó un gasto superior a ¢36,8 millones en salarios de jueces, fiscales, defensores, custodios y personal de apoyo, pese a que el proceso fue anulado por superar el plazo máximo de suspensión permitido por ley.
La información fue confirmada por el Poder Judicial, que detalló que entre marzo y junio de este año se realizaron 33 audiencias antes de que el debate quedara paralizado.
El detalle oficial precisa que solo en custodios judiciales se invirtieron ¢11.478.127, seguidos por agentes de protección judicial con ¢6.706.893 y defensores con ¢6.144.079. Además, el tribunal destinó ¢5.597.970 para jueces, ¢2.679.298 para fiscales, ¢3.898.291 para auxiliares de seguridad y ¢368.977 para personal técnico. En total, participaron 43 funcionarios durante la etapa anulada, con un gasto exacto de ¢36.873.638,12.
Por qué se anuló el juicio
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) anuló el proceso al comprobar que se acumuló más de 20 días hábiles sin reanudar el debate, en contravención al artículo 336 del Código Procesal Penal, que obliga a garantizar la continuidad del juicio.
La suspensión se originó cuando el tribunal cedió la sala para otra audiencia del mismo JEDO, a pesar de que no había incapacidades ni impedimentos para seguir con el caso. Posteriores licencias médicas de imputados y defensores privados agravaron los retrasos.
El abogado Rafael Guillén calificó esa decisión como “un error de dirección”, pues ese día se pudo haber reiniciado el debate y cortado el plazo de suspensión para evitar la nulidad.
Reinicio del proceso
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada reprogramó por segunda ocasión el inicio del juicio contra la organización criminal conocida como “Los Gery”. El debate oral y público se desarrolla desde el 14 de julio hasta el 5 de diciembre de 2025 en las salas de juicio del JEDO en San José.
Todas las partes, incluyendo imputados, testigos y defensores, fueron notificadas. En esta ocasión, el tribunal advirtió que quienes no se presenten sin causa justificada serán declarados en rebeldía y se ordenará su captura, según los artículos 89 y 90 del Código Procesal Penal.



