Un grupo de los abogados defensores de los imputados en el caso conocido como Cochinilla enfrenta una audiencia para defender su punto de que la calificación de crimen organizado no calza en el asunto que se investiga.
Los defensores presentaron en julio anterior un recurso de apelación por la supuesta errónea aplicación de la Ley Procesal Penal al declarar el caso como crimen organizado.
Los litigantes insisten en que no se cumple con los presupuestos que establece la legislación para declarar un asunto como delincuencia organizada y señalan que, a lo mucho, podría declararse como un proceso de tramitación compleja.
Añaden que la fundamentación bajo la cual se dio esta calificación legal es carente y que no respalda lo dicho.
“Se está cuestionando que, a nuestro criterio, no se cumplen los requisitos para calificar este caso como de crimen organizado”, expresó el licenciado Erick Gatgens, abogado defensor de la empresaria Mélida Solís, dueña de H Solís.
Según estipula la ley, para que sea crimen organizado tiene que haber un fin común, una estructura única.
“La ley establece que tiene que ser un grupo estructurado, jerárquico, de dos o más personas que concertadamente se hayan reunido para cometer delitos. Básicamente se trata de confrontar lo que dice la ley y los diferentes convenios para efectos de aplicar esta ley de delincuencia organizada, entonces estimamos que el Ministerio Público ha forzado los requisitos por no cumplirse para efectos de señalar que sí están presentes, pero estimamos que eso no es correcto”, destacó.
En total, los defensores presentaron seis recursos de apelación en contra de la declaratoria de crimen organizado, para los cuales se tendría una resolución la semana próxima.
El caso de supuesta corrupción conocido como Cochinilla se investiga bajo el expediente 19-000025-1218-PE.