Analizan en detalle extinción de dominio

Siete diputados conforman la comisión especial que tendrá la responsabilidad de corregir el proyecto conocido como extinción de dominio y evitar que una ley que busca combatir al crimen organizado, sea un peligro para los ciudadanos.  Tal como lo ha informado DIARIO EXTRA, esta iniciativa de ley que impulsó la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la pasada legislatura tendría roces con la Constitución Política, ya que pone en entredicho el principio de inocencia.

El principal cuestionamiento es que “invierte la carga de la prueba”, esto significa que por una denuncia anónima una persona puede perder sus bienes. 

Con solo esa acusación de que alguien consiguió sus bienes por dinero mal habido, se activa en la Fiscalía una división especializada de extinción de dominio e inician un proceso contra esa persona, donde se invierte la carga de la prueba. Ante este escenario ya no es el Ministerio Público quien debe demostrar que ese individuo adquirió algo con fondos mal habidos, sino que sería el acusado quien debe probar que lo hizo de buena fe y con el respaldo de los documentos que lo confirman.

Esta alerta la hicieron los docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un análisis del texto.

2 MESES

La comisión la integran los congresistas Gustavo Viales (PLN), José Luis Fonseca (PLN), Jonathan Prendas (PRN), Eduardo Cruickshank (PRN), Víctor Morales (PAC), Pablo Abarca (PUSC) y Zoila Volio (PIN).

Precisamente el liberacionista Viales presidirá el foro. 

Indicó que el objetivo es tener listo en dos meses un texto sustitutivo del proyecto que se pondrá a consideración del Plenario.

“Hay una propuesta de texto sustitutivo que había propuesto el ICD que queremos revisar y también analizar lo que indicó la UCR que advierte algunas inconstitucionalidades del proyecto”, explicó Viales.

El diputado insiste en que el interés general es que esta ley se convierta en una herramienta para luchar contra el crimen organizado y no como un elemento represivo que pueda perseguir a gente honesta.

Una vez se tenga la propuesta, se enviará al Plenario e irá a los primeros lugares de votación, ya que es una iniciativa que entró dentro de los proyectos que el PLN priorizó como parte de la agenda de consenso negociada entre las fracciones.

La iniciativa, que se ha aplicado en otros países como Colombia, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, busca que el Estado pueda apoderarse de los bienes o capitales provenientes de recursos mal habidos como una respuesta al crimen organizado. 

Para el socialcristiano Pablo Abarca, también miembro de la comisión, el temor es que aprobar una ley sin corregir estos errores podría traerse abajo la ley en la Sala IV, perdiendo así todo el trabajo realizado.