Análisis jurídico integral: Hacia un sistema especializado en violencia de género y familia

Licda. María Elieth López Solórzano

Especialista en Derecho de Familia / UNEBAN

Mediante este análisis, que da cierre a una serie de reflexiones previas, expongo algunas de las reformas estructurales que podrían implementarse en el sistema judicial costarricense en materia de violencia doméstica y en la forma en que estos procesos se tramitan en los juzgados contravencionales, con el fin de garantizar una verdadera tutela judicial efectiva.

La primera gran reforma consiste en eliminar definitivamente la competencia de los Juzgados Contravencionales en materias tan sensibles como la violencia doméstica y las pensiones alimentarias. El juez contravencional carece, en muchos casos, de la especialización funcional necesaria para abordar integralmente estas problemáticas. Esta dispersión fragmenta los casos, obliga a una misma familia a acudir a múltiples despachos y genera el riesgo de resoluciones contradictorias. Toda la materia de familia y violencia debe centralizarse en Juzgados de Familia Especializados o en unidades técnicas con capacidad de actuar bajo una visión holística y proactiva.

Como recomendación medular, el abordaje judicial debe incorporar obligatoriamente el acompañamiento de profesionales en psicología especializados desde el inicio del proceso. Este equipo interdisciplinario cumple una doble función esencial: brindar contención y evaluar integralmente el entorno afectado, evitando la pasividad estatal, así como proporcionar al juzgador(a) herramientas técnicas para determinar si existe una situación real de vulnerabilidad. Este filtro especializado fortalece el sistema, permite dirigir adecuadamente los recursos públicos hacia las verdaderas víctimas y reduce el uso instrumental o abusivo del proceso judicial.

Como propuesta innovadora para combatir la inacción estatal, resulta urgente la creación de un protocolo de Interoperabilidad Procesal Automatizada. Aunque actualmente existe el token de emergencia del INAMU enlazado con la Fuerza Pública, la verdadera innovación exige conectar este ecosistema con el expediente electrónico judicial en tiempo real. Ante una alerta de peligro inminente, el sistema debería permitir la emisión automatizada de órdenes de captura o el endurecimiento inmediato de medidas cautelares contra el agresor, reduciendo los tiempos muertos derivados de la burocracia judicial.

La violencia no se combate únicamente con normas, sino con especialización, capacitación rigurosa y articulación efectiva entre el Poder Judicial, el INAMU, el PANI y la Fuerza Pública. Erradicarla exige un sistema que proteja con firmeza a menores y adultos vulnerables, evalúe con criterios técnicos y resuelva con celeridad. La justicia de familia y género no puede ser un trámite inerte ni periférico; debe constituirse en una garantía humana, científica y oportuna para salvar vidas.