ANAI y UNGL analizarán cobros a estilistas

Las autoridades de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), así como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), dos organizaciones que trabajan por el régimen municipal del país, analizarán en sus juntas directivas la denuncia que el sector de belleza y cuidado personal del país hace sobre cobros ilegales que las municipalidades tramitan por medio de empresas privadas como requisito para obtener una patente comercial.
DIARIO EXTRA informó en exclusiva cómo un antiguo reglamento que el Ministerio de Salud y el Gobierno insisten en mantener vigente obliga a los estilistas y barberos a comprar que son aptos para realizar esta labor y para ello deben obtener un certificado de idoneidad si quieren abrir su salón de belleza o barbería.
“Desconocíamos del tema, pero a raíz de las notas publicadas por DIARIO EXTRA, esta organización revisará legalmente el tema para efectos de emitir una recomendación a todas las alcaldías e intendencias del país”, comentó Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI.
La periodista de la UNGL, Angie López, indicó que el tema será analizado en la junta directiva, por lo cual aún no existe una posición oficial.

OBSTÁCULO

Desde años atrás, empresas privadas se han aprovechado de este requisito legal para cobrar a estas personas (la mayoría mujeres emprendedoras) entre ¢60 mil y ¢300 mil para obtener una certificación, sin mayor evaluación de sus capacidades, y como requisito para la patente municipal.
Según Yorleny Córdoba, vocera de este movimiento, son las mismas municipalidades que incluyen en sus requisitos contactar a empresas privadas, donde las estilistas deben pagar estos montos con el fin de obtener un certificado sin que les realicen ningún examen para comprobar su capacidad.
Córdoba ha reportado cobros ilegales en las municipalidades de Grecia, Jacó, Sarapiquí, San Carlos, Mora, Montes de Oca, Santa Ana, Paraíso y Oreamuno.
Muchas de estas estilistas indicaron a El Periódico del Pueblo que no han podido abrir su local, a pesar de que lo quieren hacer conforme a la ley, por la falta de recursos para desembolsar este requisito de idoneidad.
Este sector alberga a 60 mil pymes en todo el país.