Un proyecto de ley, impulsado por el oficialista Daniel Vargas bajo el expediente N.º 24.340, pretende ampliar las sanciones por robo, recepción, traslado y destace ilegal de ganado.
Actualmente, la Ley N.º 9.794 establece penas sobre el hurto de ganado, sin embargo, los datos de la “Encuesta Nacional Agropecuaria de 2020 y 2022” revelan que este crimen sigue en aumento, pues se pasó de 9.444 animales en 2020, a una cifra de 9.914 en 2022, es decir, se generó un incremento del 57,2%.
Por lo tanto, el plan de ley busca reprimir con prisión de ocho meses a cuatro años a quien traslade ganado bovino sin contar con la guía oficial de movilización establecida en esta norma. Igualmente, se sancionaría con la misma pena a quien transporte productos y subproductos de ganado sin tener la factura o sellos impresos establecidos en la ley.
Además, con esta iniciativa se agregaría un nuevo artículo, el cual establece que el ganado que se movilice con guías falsas, alteradas, con tachones o que presenten deterioro o inconsistencias deberá ser catalogado como de “origen ilegítimo”. Por lo que la persona que lo traslada deberá comprobar que no está llevando animales en condiciones irregulares. En caso de no poder demostrarlo, las autoridades pasarán el caso a la Fiscalía.
El texto ingresó en corriente legislativa, sin embargo, deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo para avanzar su trámite.
Según datos de la última Encuesta Nacional, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2022 el país registraba 1.509. 011 cabezas de ganado, de las cuales 931.221 eran para la producción de carne, 238.368 para producción de leche, 337.576 con doble propósito y 1.846 eran animales de trabajo.
Los datos anteriores representan un aumento de casi el 22% respecto a los datos 2014.