El Ministerio de Hacienda giró instrucciones para no continuar con la ejecución del Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos Propios.
Sin embargo, se desconoce a partir de cuándo aplicará esta decisión, pues ya se había anunciado a las 15 empresas que ejecutarían los contratos con el Gobierno central.
Para la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), la forma en que se venían haciendo las cosas no favorecía la competencia en la contratación pública.
Asimismo, perjudicaba a las instituciones del Gobierno central al estar obligadas a adquirir servicios a un reducido número de empresas por un período de hasta cuatro años.
La expectativa es que, si se siguen los procedimientos adecuados, un mayor número de empresas del sector de construcción podrían ofrecer sus servicios a la administración pública.
La idea es que se promueva un proceso de competencia entre ellas y que se seleccione el mejor servicio al precio más bajo, beneficiando la eficiencia del gasto público.
El presidente de la Coprocom, Guillermo Rojas, señaló que el país debe mejorar en favorecer los principios de competencia y libre concurrencia que rigen la contratación pública.
En su criterio, un óptimo sistema de compras públicas constituye un eficiente mecanismo para favorecer el desarrollo económico y social del país. “La decisión adoptada es un paso en la dirección correcta”, acotó.
Se había determinado que el Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos Propios obligaba a todas las instituciones del Gobierno central y a sus órganos desconcentrados a contratar solo con 15 empresas nueve diversos servicios relacionados con la construcción de edificaciones y su mantenimiento, por un periodo de dos años, con prórrogas automáticas hasta por dos años más.
Adicionalmente para cuatro servicios (infraestructura modular, mantenimiento correctivo y preventivo, demolición de edificaciones y servicios profesionales en dirección técnica de obras de infraestructura) solo existía un adjudicatario para cada uno de ellos, de forma que a esa única empresa le correspondía prestar tal servicio a la administración, eliminando cualquier incentivo para ofrecer los mejores precios a las instituciones contratantes ante la falta de competencia.