Distintas organizaciones de personas con discapacidad y sindicatos de choferes de transporte público se mostraron en contra de un proyecto de ley que alarga la vida útil a los autobuses.
El expediente 22.530 pretende modificar el artículo 46 bis de la Ley 7600 para que buses, cuya vida útil haya vencido hace 17 años, puedan circular a nivel nacional.
No obstante, los colectivos consideran que la propuesta viola tratados suscritos por Costa Rica en materia de derechos humanos y, además, se caerá en Sala Constitucional.
“Se quiere privilegiar a los autobuseros, pero afectando a la población. Nos están vulnerando derechos a los usuarios. Esta reforma no se les consultó a las personas con discapacidad y eso hace que la propuesta se caiga en Sala Constitucional”, explicó Nicole Mesén, activista en temas de discapacidad.
“El proyecto es ilegal: cuando se avanza en materia de derechos humanos, no se puede retroceder y este proyecto lo hace. Es un retroceso. El proyecto no se consultó a las personas con discapacidad. La Ley 7600 y tratados internacionales señalan que cualquier legislación debe ser consultada a las personas con discapacidad y, en este caso, no fue así. Solo por esas dos razones, el proyecto está caído. No queremos joderle la vida a los autobuseros, pero es ilegal”, añadió. Marcela Méndez, chofer de bus en la Empresa de Guadalupe, señaló que muchas unidades se encuentran en mal estado, lo cual pone en riesgo a los usuarios.
“En los buses que nosotros manejamos, las rampas están en muy mal estado. Algunas no soportan el peso de la silla de ruedas y eso genera conflictos entre nosotros y las personas con discapacidad, ya que no se le puede brindar un buen servicio. Mecánicamente, los buses tienen mal mantenimiento. Le indiqué al encargado y me dijo: ‘Haga la carrera así. Nos preocupa este proyecto’”, relató.
Actualmente, el texto de ley se encuentra trabado por más de 120 mociones presentadas por el Frente Amplio (FA).
FONDO DE AVALES
Precisamente, la subjefa de fracción del FA, Sofía Guillén, anunció que presentarán una iniciativa de ley para que el Fondo de Avales sea utilizado en el financiamiento.
“No vamos a ceder a los intereses de las grandes autobuseras. Esa gente, que ha tenido por años concesiones en líneas enteras y no ha podido cambiar las líneas, es por pura irresponsabilidad. Ahí no vamos a ceder. Para las más pequeñas y rurales, creo que se deben buscar apoyos. Lo que sugerimos al Gobierno es que ponga a caminar el Fondo de Avales y una parte de esos recursos sea para micro, pequeñas y medianas empresas del sector de buses. ¿Con qué objetivo? Que cambien su flotilla y puedan caminar. Las grandes no tienen excusas”, explicó la legisladora.
El Fondo de Avales es un mecanismo aprobado por $270 millones para la atención de sectores afectados por la pandemia del Covid-19. “Con esos recursos, podrían cambiar la flotilla, ojalá fuese verde, con motores eléctricos y en buenas condiciones. Eso es un balance entre los intereses de los usuarios y los del sector autobusero. El fondo de avales no depende de nosotros, sino del Poder Ejecutivo. Esa ley se aprobó hace rato y ellos tienen la obligación de poner (los recursos) a caminar. Son $270 millones que no se están usando en nada y podrían financiar a los pequeños y medianos, ¡pero a las grandes no!”, concluyó Guillén.