El plenario aprobó en segundo debate el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 21.749, el cual amplía el plazo para interponer denuncias en casos de hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia.
La propuesta señala que el plazo para poner la denuncia en los ámbitos laboral y educativo, ya sea del sector público o el privado, se amplía a 8 años y se computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar.
Uno de los cambios considerables de la ley es una serie de reformas respecto a personas menores de edad. En el caso de los plazos para dicha población se computará a partir del momento en que alcance la mayoría de edad.
El texto señala que cuando la persona ofendida sea menor de edad podrán interponer la demanda sus padres, sus representantes legales o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Si se trata de una persona mayor de 15 años, pero menor de 18, estará legitimada para presentar directamente la demanda.
Cuando sean denuncias no judiciales, las personas menores de edad tendrán derecho a interponer la denuncia por cualquier medio, sin necesidad de hacerse acompañar de una representación legal, sin que se exija ningún requisito de admisibilidad que impida o atrase las investigaciones y las medidas oportunas en resguardo de la persona denunciante.
De acuerdo con Nielsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), el proyecto se presentó en el marco de denuncias de muchas estudiantes universitarias.
“Este proyecto fue impulsado por las colectivas feministas que han sufrido hostigamiento sexual y sus denuncias fueron archivadas o desestimadas. La iniciativa brindará seguridad a las víctimas, ya que muchas leyes actualmente se rigen por estereotipos patriarcales que limitan a las mujeres para que no denuncien”, manifestó.
En la misma línea el frenteamplista José María Villalta precisó que dichas conductas lamentablemente suceden en los sectores público y privado, y que en muchos casos las denuncias no avanzan.
De acuerdo con datos de la Comisión de Género del Poder Judicial, de casi 32 mil denuncias por delitos sexuales y agravantes a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el 68,76% terminó en desestimación y el 15,34% concluyó en sobreseimientos.