La libertad de prensa es uno de los bastiones trascendentales y significativos del sistema democrático, a tal punto que una amenaza a su contenido esencial constituye una vulneración sensible a los postulados y tradiciones de nuestra forma de organización político-social.
En efecto, su tutela integral se alcanza garantizando el pleno derecho de buscar, recibir y difundir información de toda naturaleza, libre de fronteras, tal como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.
Sin embargo, no podemos obviar que a nivel mundial la libertad de prensa sufre sendos ataques, según los informes presentados por los miembros de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Por lo menos en América Latina ha aumentado la cantidad de periodistas asesinados solo por dar a conocer las anomalías que suceden tanto en el ámbito público como en el privado.
Además, en algunas otras partes del mundo se realizan prácticas bastante nocivas, como mandar a los comunicadores a la cárcel solo para callarlos y ni qué decir de los países donde allanan medios sin motivo.
Las legislaciones restrictivas tampoco se libran de hacer su aparición en América Latina, donde cada vez es más difícil ejercer la profesión de la libreta, el micrófono y las cámaras.
Si bien las peores atrocidades vienen de territorios como México, Brasil, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, lo cierto es que ninguno de los otros países se salva de atropellos a los comunicadores, quienes son el blanco perfecto para organizaciones criminales, los narcos y todos aquellos que no les gustan los cuestionamientos.
Costa Rica está llamado a defender con determinación todo intento de restricción a las libertades comunicativas: nuestros valores y principios están recogidos en la Constitución Política, desarrollados en la doctrina constitucional y defendidos, a través de su jurisprudencia, en la Sala Constitucional.
Sin embargo, acá en el país más feliz del mundo también ocurren bastantes atropellos a la libertad de prensa, donde los últimos 12 años han sido complicados en esta área porque se han dedicado a poner barreras a los medios de comunicación.
No dar conferencias de prensa, contestar únicamente preguntas del tema convocado a reunión y limitar el acceso a ciertos lugares apenas son algunos de los hechos suscitados en ese periodo.
Realizar coberturas periodísticas y dar a conocer las denuncias del pueblo sobre los manejos de las instituciones cada vez es más complicado porque parece que una práctica recurrente es que los jerarcas decidan no hablar.
En algunos casos deciden contestar únicamente por medios escritos sin dar oportunidad de repregunta, situación que dificulta la labor periodística porque muchas veces quedan incógnitas en el aire. No olvidemos: dar explicaciones es uno de los deberes que tienen los funcionarios públicos.
Parece increíble que las autoridades deban esperar un fallo de Sala Constitucional para brindar datos que tienen a mano.
Evitemos ese doble trabajo y no sigan poniendo piedras en el camino de la prensa.