En el pasado los regímenes de corte democrático, caracterizados por un Estado de derecho sólido, un sistema de partidos políticos pluralista y un marco político-electoral con alternancia en el ejercicio del poder, mediante elecciones populares con la figura del voto secreto y universal, se veían amenazados por rupturas en su dinámica producidas por golpes de Estado perpetrados por sus fuerzas armadas o grupos subversivos, incluso por invasiones de países extranjeros.
En esa época, la democracia formal de corte representativa quedaba literalmente cancelada y solo fuertes presiones sociales, tanto internas como externas, permitirían un retorno al modelo democrático.
En América Latina, en especial a partir de finales de la década de los 70, en el siglo XX se dio un proceso de retorno masivo a la democracia en la mayoría de los Estados nación vigentes. Con excepción de Cuba, donde siguió imperando el partido único, todos los demás países se introdujeron en la llamada “ola re-democratizadora”.
Empero, la transición de gobiernos autoritarios y dictatoriales a democráticos observó varias vulnerabilidades: la evolución se dio específicamente en la dimensión política, es decir, las naciones comenzaron a tener sistemas pluralistas de partidos políticos, a realizar elecciones de manera periódica, que además eran confiables en sus resultados, y se dio una alternancia en el ejercicio del poder, lo que en su conjunto produjo escenarios de estabilidad política por un tiempo determinado.
Por su parte, las contradicciones en los órdenes económico y social, arrastradas por los cuerpos sociales desde la época colonial, se mantuvieron y se agudizaron conforme los actores políticos legítima y legalmente electos no lograban atender de manera satisfactoria, integral y sostenible las múltiples demandas de reivindicación y mejora cualitativa de los distintos sectores configuradores de la sociedad.
Lo anterior se combinó con un elevado nivel de expectativa social en torno a la capacidad de respuesta efectiva de la institucionalidad democrática.
Conforme el sistema no parecía responder, aumentaba la insatisfacción ciudadana, se ampliaba la conflictividad social y se producían efectos en el funcionamiento del sistema político, siendo uno de los primeros indicadores la dispersión del apoyo electoral en múltiples fuerzas políticas, que produjo amplia fragmentación de la representación política en los órganos parlamentarios, así como poderes ejecutivos débiles. Esto último de especial impacto para la gobernabilidad democrática, dado el carácter esencialmente presidencialista de la mayoría de los regímenes políticos de la región.
Los problemas no resueltos de amplios sectores de la sociedad permitieron el advenimiento de actores políticos promotores de plataformas demagógicas y populistas que alcanzaron credibilidad y adherencia mayoritaria en dichos segmentos.
Con discursos impregnados de ataques y descalificaciones a la llamada “clase política tradicional” y a las élites de poder económicas prevalecientes, estos actores políticos lideraron movimientos sociales de amplia base popular que accedieron al poder político a través de las urnas.
Una vez asumido el poder se comenzaron a adoptar procesos de reforma del diseño jurídico e institucional existentes, iniciando con la convocatoria e instalación de asambleas constituyentes, a través de las cuales se crearon nuevos marcos constitucionales y legales.
A su vez, la división de poderes fue debilitándose en el plano real, al ser incorporados actores afines al régimen en sus respectivos órganos, principalmente en la rama judicial y electoral.
En ese marco, se aprueba o interpretan de forma discrecional normas a favor de la reelección de quienes están al mando.
Después, al amparo de normas aprobadas por parlamentos mayoritariamente afectos al régimen, se conculcaron libertades y derechos al amparo de supuestos como la defensa de la autodeterminación y la no injerencia extranjera. Sobresale por su impacto la afectación al ejercicio de la libertad de prensa. En lo político se ponen trabas a la oposición, descalificando mediante artificios legales su libre ejercicio.
Si bien, a diferencia de administraciones autoritarias del pasado, no hubo expropiación masiva de otras actividades productivas y comerciales, pero con el devenir de los tiempos, en tanto más se rigidiza el régimen político, se comienza a cercenar el margen de maniobra autónoma de aquellos.
Para finalizar, en casos extremos, toda protesta social, aun de quienes en su momento fueron su base de apoyo, se criminaliza y es reprimida.
Adicional a ello, las propias reglas del sistema electoral se adecúan a los propósitos continuistas de los detentadores del poder político, reprimiendo y encarcelando actores políticos no oficialistas, dando al régimen una fachada legalista que, sin embargo, no logra disimular su transición a un modelo autoritario y cuasi tiránico.