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Graciela Herrera Rojas, quien se graduó de la Universidad de Costa Rica como licenciada en Derecho durante 2021, denunció ante la Fiscalía irregularidades que el Colegio de Abogados tiene en el proceso de incorporación de personas.
La denuncia 015-22-000510, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia, indica que Herrera fue amenazada mediante un número privado luego de conformar una coalición y hacer públicos algunos aspectos que tanto ella como los integrantes de la organización consideran anomalías.
En el expediente, Herrera expone que un sujeto le dice: “Graciela, ese acto de heroísmo le va a costar ser el Cristo crucificado que nunca se va a poder incorporar y si sigue revelando información va a responder con su vida o la de sus familiares”.
La denunciante también menciona algunos presuntos “chorizos que se cocinan” en el Colegio de Abogados, por ejemplo, un cobro millonario para que las personas puedan ser incorporadas y de esta manera ejercer la profesión.
A Herrera en la llamada también le advirtieron que “nunca se va a incorporar por haber hecho de conocimiento público que estamos cobrando por la incorporación un millón doscientos mil (colones). Cualquiera de las personas que salga en televisión no se va a poder incorporar”.
Así como esta mujer, según la denuncia, otros partícipes de la coalición han sido amenazados, les indican que “por la boca muere el pez” y ese pez puede ser ella misma o alguien de la familia.
El Periódico del Pueblo habló con la ofendida, quien teme por su vida y tuvo que tomar acciones, las cuales prefirió no comentar para no poner en riesgo su integridad o la de otras personas.
Sí apuntó que recibe protección especial por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
COALICIÓN
Herrera manifestó que la coalición la integran 1.000 personas y se creó luego del examen que realizó el Colegio de Abogados, ya que “algunas preguntas se salieron del temario, como materia de timbre y supuestos de que si en Costa rica hubiese ejército”.
Según la denunciante, les realizaron preguntas que son ilógicas o en las cuales ninguna de las respuestas calzaba como correcta: eran ambiguas y tenían trampas de redacción.
A los afectados les molesta que ellos se prepararon y quien realiza los exámenes es el director académico del Colegio de Abogados, quien no tiene conocimiento en esa materia, ya que es ingeniero agrónomo. Y, a pesar de que es asesorado, siempre presentan inconsistencias.
En el documento se señala que varias personas han repetido la prueba, la cual vale ¢16.000.
Aunque muchos estudiantes la pierden, aún mantienen la fe en ser incorporados al Colegio, por lo cual acuden a centros de estudio donde les cobran ¢85 mil. Herrera no tiene la certeza de algún vínculo de esos institutos con el Colegio de Abogados, pero expresa que aparentemente sacan provecho de la necesidad y frustración de los interesados.
NADIE SALE
Harrison Rojas, otra persona que integra la coalición, mencionó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que durante las pruebas nadie puede salir, ni tan siquiera a los servicios sanitarios.
“Señoras embarazadas que no pudieron orinar y un señor con problemas de salud y le tocó cancelar el examen”, dijo.
CONTRAPARTE
DIARIO EXTRA se contactó con Sandra Arauz Chacón, vicepresidenta del Colegio de Abogados, quien manifestó que no se referirán a profundidad del tema, ya que el artículo 295 del Código Procesal Penal los inhibe de hablar sobre la investigación, sin embargo, están anuentes a que se diga la verdad y se esclarezca la situación denunciada.
“Nosotros abrimos las puertas al Poder Judicial, como al OIJ para que realicen la investigación cuando gusten, entonces estamos en la mejor disponibilidad de colaborar con las autoridades correspondientes”, añadió.
En el Colegio expresan que les llama la atención que desde 2020 y 2021 muchos postulantes consideraban que lo más positivo era que se eliminara el examen de excelencia.
“Nosotros realizamos el examen tres veces al año y es un promedio de 1.600 a 2.000 personas que hacen el examen de excelencia, entonces no podíamos dejar de hacerlo para que mayor número de postulantes logren ser agremiados”, explicaron.
Con referencia a una de las polémicas, acotaron que sí tienen derecho de ir a los servicios sanitarios, pero antes o después de aplicar la prueba.
“Lo que no pueden es ir durante el examen, por obvias razones. Yo me voy para el baño y pido preguntas con el celular y que me den respuestas, eso nos pasó en la escuela, colegio y universidad”, dijo Arauz.
En el caso de las personas que tengan una enfermedad, existe un protocolo para que se les adecúe el examen y les dan atención.