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Los vendedores ambulantes agrupados en el Sindicato de Trabajadores Comerciantes Patentados Estacionarios y Afines (Sintracopea) aseguran que en los decomisos que ha realizado la Policía Municipal en los últimos días se han cometido una serie de anomalías.
“La policía municipal nos está robando, porque no nos hacen actas de los decomisos y simplemente se las llevan”, dijo Kattia Barquero, secretaria del Sindicato.
Para ellos al darse la acción así los policías simplemente les están robando porque no hay nada que pruebe que ellos son los dueños de esos productos.
Pero el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, las acciones que se han realizado en los últimos cinco días desde que Johnny Araya asumió la alcaldía de San José se realizan apegadas a la ley.
“No es cierto que no se estén dando las actas de decomiso, la mayoría de las acciones que realizamos tienen la respectiva acta, pero hay una parte que los vendedores no cuentan y por eso dicen que se les roba”, dijo Solano.
Esa parte es que muchas de estas personas son migrantes que tienen una situación irregular en el país por lo que al ver la policía deciden irse y no hay manera de poder entregarle el acta.
“Otra situación es que muchas veces los vendedores están organizados y en el momento que se da un decomiso buscan entre todos armar un conflicto por lo que los oficiales deben retirarse de manera rápida para evitar que se pase a más, y justamente por eso es que no se han dado enfrentamientos en los días que llevamos de acciones”, señaló Solano.
Esto molesta a los vendedores quienes aseguran que esa mercadería que se les decomisa se convierte en lo único que tienen para llevar sustento a sus hogares, por lo que no pueden permitir que se las quiten así de fácil.
“Es importante dejar claro que nuestro objetivo no es perseguir a los vendedores, sino mantener limpias aceras, bulevares y parques para los transeúntes que son los verdaderos dueños de esos espacios que se construyeron para ellos”, recalcó Solano.
Aclaró también que algunos productos son destruidos por una cuestión de salubridad pública como lo son los perecederos y los empacados que no tienen registro sanitario por lo que se desconoce su origen, pero el resto se envía a un centro de acopio y se puede judicializar para poderlo recuperar.