Los miembros de los grupos ambientalistas que han dado la lucha en contra de la minería a cielo abierto y de la empresa Industrias Infinito por más de 10 años se pusieron a disposición del gobierno costarricense para pelear el arbitraje internacional si es necesario.
En el caso de Edgardo Vinicio Araya, uno de los abogados de la parte demandante del proceso que se llevó en el Tribunal Contencioso Administrativo, aseguró: “Esto es otro acto irrespetuoso de Infinito Gold contra nuestro país.
Jamás podrán decir que en este país han sido víctimas de inseguridad jurídica. Quedó demostrado ante los tribunales que fueron ellos los que incumplieron con mucho de lo establecido por nuestra legislación. Nunca se le cambiaron las reglas del juego. Fue la empresa la que no cumplió con esas reglas”.
La firma canadiense amenazó ayer con que si en seis meses el gobierno no le ha dado una respuesta positiva a la reactivación de las labores llevará el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), solicitando una indemnización de $1.092 millones, suma que hasta el momento reporta como pérdidas por el dinero invertido y por lo que ha dejado de percibir al tener detenido el proyecto.