
Carlos Alvarado, presidente de la República, aseguró ante la consulta del DIARIO EXTRA que no ha sido notificado por la Fiscalía General de la República en relación al caso conocido como hueco fiscal.
El viernes, el Ministerio Público confirmó a este medio que Alvarado figura como imputado dentro del expediente 18-000159-0033-PE por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La causa se abrió desde el 14 de agosto del 2018.
Además del mandatario, también se investiga a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Helio Fallas, exjerarca de Hacienda; Luis Antonio Sobrado, jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y a Luis Guillermo Solís, expresidente de la República.
“Tienen que notificarme para yo darme por enterado y hasta que no pueda ver eso (no puedo emitir una opinión)”.
Sobre si considera es injusto que sea indagado por el delito señalado, aseveró: “Me es indiferente en este momento ese tema”.
En cuanto a su inmunidad y si estaría dispuesto a renunciar a ella, reiteró que no ha sido notificado por la Fiscalía.
A Alvarado se le cuestiona por un informe de mayoría que emitió recientemente la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público en el que señala que consintió el pago ilegal de ¢182 mil millones que realizó el Ministerio de Hacienda para hacerle frente al vencimiento de títulos de deuda pública.
Hacienda, bajo el liderazgo de Aguilar, autorizó la amortización de bonos que vencían en junio y julio, divididos en ¢48 mil millones de títulos a corto plazo y ¢134 mil millones a largo plazo.
La Contraloría General de la República abrió una investigación preliminar, ya que los ¢182 mil millones forman parte del presupuesto extraordinario de ¢600 mil millones solicitado el 31 de julio de 2018, que aún no han aprobado por los diputados.
En palabras más sencillas, Hacienda agarró de plata que no está aprobada para pagarles a los inversionistas.