El 9 de diciembre de 2020, en la sesión ordinaria 17 de la Comisión Especial No.21.818, se acordó una moción de orden que disponía al presidente de la República, Carlos Alvarado, ser entrevistado por el caso del espionaje de datos sensibles de los ciudadanos.
Se trata de la comisión legislativa que investiga todo lo relacionado con la creación y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y se espera tener frente a los diputados al mandatario, a quien presuntamente se le atribuye el liderazgo de la ilegal dependencia.
Justamente días antes de que se votara otra moción, pero esta vez que obligaría a Alvarado estar ante el pleno del Congreso, su ministra de la Presidencia, amiga y mano derecha, Geannina Dinarte, manda una carta para pedir consideraciones especiales.
El documento, del que DIARIO EXTRA tiene una copia y llegó a los despachos de varios diputados, con fecha 21 de enero de 2021 y número de oficio DM-0086-2021, indica que “de acuerdo con la costumbre de cortesía parlamentaria para con el presidente de la República y de respeto a la investidura presidencial, independientemente de quién la ejerza ponemos a su disposición y la de los diputados y las diputadas la Casa Presidencial para que este sea el recinto de la audiencia indicada”.
Además entre los argumentos para que la entrevista sea en la Casa Presidencial menciona que en años anteriores así se dispuso con mandatarios como Luis Guillermo Solís y José María Figueres Olsen.
También señala Dinarte: “Esta consideración se ha mantenido a lo largo de los años como un resguardo de la institucionalidad, en apego a la orden constitucional y en respeto estricto al principio de legalidad que caracteriza a nuestro Estado social de derecho”.
Definitivamente estas acciones desconciertan. ¿Les teme Carlos Alvarado a los legisladores que está pidiendo la audiencia en Zapote o es una más de esas posturas odiosas disfrazadas de diplomacia política que acostumbran las cúpulas para distraer?
El que nada debe nada teme, dice el adagio, y Alvarado no debe más que ir hasta el Congreso, como lo demanda ley, a dar explicaciones de sus aparentes actuaciones en la UPAD.
Llaman poderosamente la atención las palabras de Dinarte, quien pareciera poner en tela de duda al Primer Poder de la República, su legalidad y transparencia para hacer la audiencia en el edificio que lo alberga.
Una comparecencia en el plenario no comprometería ni vulneraría la institucionalidad del país, faltaba más que así lo creyeran la señora ministra y el propio gobernante, pues entonces la rendición que le obliga la Carta Magna cada 2 de mayo en ese sitio sería una afrenta al poder que ostenta y no es así.
La rendición de cuentas del jefe de Estado no podría tener mejor foro que la Asamblea, el órgano político que representa en su máxima expresión la pluralidad del pueblo, que es elegida para tales fines, una vitrina en todo el sentido de la palabra, donde jamás se vulnerarán sus derechos.
Bien lo dice la jerarca, este es un Estado social de derecho que debe respetarse ante todo y el presidente no tiene razones para temer por ser citado en el pleno legislativo, por el contrario, debe asistir con los abogados y asesores que considere y dejar de estar pidiendo consideraciones que no vienen al caso.
Que en otro momento existieran diputados más flojos, permisivos y hasta alcahuetes -con el respeto que merecen- y les tendieran alfombra roja a los expresidentes, lo cierto es que se trata de otros tiempos políticos. La ciudadanía demanda rigurosidad con los burócratas señalados como sospechosos de ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Hasta los propios diputados del PAC pidieron, insistieron y pelearon por la comparecencia del presidente Óscar Arias en su segundo mandato en la Comisión de Narcotráfico. ¿Cómo ahora asienten que es una cortesía para su líder no llegar a Cuesta de Moras?
La cortesía se la pedimos los habitantes de la República a Carlos Alvarado. Comparezca ante el Congreso, dé el ejemplo de respeto a la institucionalidad y a su investidura.