Allanan muni por chorizo con balneario

En busca de documentos que demuestren irregularidades sobre la concesión del Balneario San Lucas Beach Club, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) irrumpieron este lunes en la Municipalidad de Puntarenas. La acción se llevó a cabo desde horas de la mañana, momento en que los agentes y fiscales se apersonaron al sitio […]

Las agujas y catéteres son el principal producto de exportación.

En busca de documentos que demuestren irregularidades sobre la concesión del Balneario San Lucas Beach Club, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) irrumpieron este lunes en la Municipalidad de Puntarenas.

La acción se llevó a cabo desde horas de la mañana, momento en que los agentes y fiscales se apersonaron al sitio a recolectar evidencias tanto físicas como digitales que sirvan para determinar algún caso de corrupción en la entrega de la concesión para este complejo recreativo.

El sitio lo habían clausurado el 3 de enero de 2018 por no cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y en su momento se indicó que ponía en riesgo a los visitantes.

El allanamiento se prolongó hasta horas de la tarde, por lo que para el momento en que se le consultó a Fiscalía sobre lo que se logró recopilar, la respuesta fue hermética.

“Debido a que el equipo de fiscales se encuentra concentrado en las diligencias, no será posible ampliar más detalles por el momento”, adujeron en el Ministerio Público vía correo electrónico.

De momento se habla de que delitos como peculado podrían envolver a algunos funcionarios municipales.

 

POLÉMICA

 

El Balneario San Lucas abrió en 2012 bajo la administración del Grupo Gastronómico La Herradura, luego de que se cerrara el acuerdo con el gobierno local puntarenense.

Sin embargo, la controversia en torno a este complejo está presente más que todo en el último año, cuando se le impidió tener sus puertas abiertas e incluso actualmente posee una disputa legal con la municipalidad, pues aseguran que el alcalde Randall Chavarría quitó los sellos, sacó al guarda y tomó posesión del establecimiento con el inmobiliario del concesionario sin ningún tipo de documento que lo respaldara.

Por lo cual el Grupo La Herradura interpuso la denuncia por los delitos de abuso de autoridad, retención indebida y usurpación contra el alcalde, la abogada y el director de procesos, que actualmente se investiga en el Poder Judicial.