La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó cuatro allanamientos relacionados con una causa por presuntas irregularidades en Coopeservidores, R.L.
Este proceso se realizó a solicitud de una denuncia que presentó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Los puntos donde se ejecutaron las diligencias judiciales son las sedes de Rohrmoser, Hospital Nacional de Niños, Data Center en Alajuela y sus sedes centrales en Barrio México.
Coopeservidores se encuentra intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desde el 13 de mayo por un plazo de 30 días.
Esto ocurrió a petición de la Sugef, luego de que el regulador encontrara una serie de inconsistencias en los informes financieros de la empresa financiera.
Para dicha intervención se escogió a Marco Hernández, quien en el plazo antes mencionado deberá rendir un informe sobre el estado de la cooperativa.
LAS ACCIONES
El 29 de mayo a las 8 a.m., en atención a la causa 24-000017-0621-PE, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual realizó las acciones antes mencionadas.
En una comunicación de prensa la interventoría de Coopeservidores informó que “las oficinas centrales de la Coopeservidores están siendo allanadas por el Ministerio Público, debido a las denuncias presentadas por la Sugef. A este momento no podemos brindar mayor información, dado que se encuentran ejecutando el allanamiento”.
Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio Público informó: “Las diligencias buscan decomisar prueba documental y electrónica, para incluir a la causa, en la que se investiga el presunto delito de reducción de la pena”.
El delito de reducción de la pena consiste en registrar o alterar registros contables para ocultar la verdadera naturaleza de operaciones financieras.
También opera para aquellos que proporcionen a la Sugef o a los órganos supervisores auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de una entidad u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad.
Este delito tiene una pena que va de 3 a 6 años de cárcel.
Por otra parte, el Ministerio Público agregó que “no hay personas imputadas individualizadas ni detenidas por el momento”.
Una fuente ligada al sector financiero aseguró a El Periódico del Pueblo que el interventor habría enviado el informe de inviabilidad (que la cooperativa no es viable) el 28 de mayo y que eso al parecer contribuyó para realizar los allanamientos el 29 de mayo.
DESTITUYEN AL GERENTE GENERAL
En la misma línea, el interventor decidió despedir sin responsabilidad patronal al gerente general de la cooperativa, un funcionario de apellido Hidalgo.
Con el despido no queda en funciones ninguno de los miembros de la alta gerencia de Coopeservidores, después de los primeros 15 días de intervención.
Hidalgo había sido suspendido con goce salarial desde el 14 mayo, momento en que se inició la intervención.
No obstante, el 29 de mayo recibió la carta de despido, la cual fue calificada como justificada por el interventor, por eso el patrono no tendrá responsabilidades, salvo pagarle lo correspondiente a vacaciones y aguinaldo.
El gerente cesado tenía 18 años de ocupar ese puesto en Coopeservidores, es máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca. Además tiene amplia trayectoria en el sector cooperativo.
DIARIO EXTRA quiso conocer la versión de Hidalgo sobre su despido, pero su teléfono estaba apagado y no respondió nuestros mensajes de voz.
TRABAJADORES EN ZOZOBRA
Mientras se llevaban a cabo las diligencias judiciales, muchos colaboradores de Coopeservidores llegaron a cumplir con sus obligaciones laborales, pero eran detenidos y enviados a sus casas, debido a las acciones que se realizaban dentro.
Un grupo de ellos habló fuera de grabación con El Periódico de Más Venta en Costa Rica y dijo que viven una incertidumbre con respecto a su futuro.
Según los trabajadores, no se les informó nada sobre las actuaciones y se les impidió el ingreso a sus oficinas, donde tienen incluso artículos personales.
Además manifestaron que por el momento les están pagando los salarios, pero desconocen lo que suceda al finalizar la intervención.
AHORRANTES PREOCUPADOS POR SUS DINEROS
De acuerdo con Luis Marín, vocero de un grupo de personas que tienen sus ahorros en la cooperativa, el estado de ánimo de estas es muy delicado.
Reporta que ya algunos presentan afectaciones de salud física y mental debido a las presiones por la situación que enfrentan.
“La gente está muy asustada. Es que entienda, si usted trabajó toda su vida y en un momento lo metió aquí en esta cooperativa y ahora tiene riesgo de perderlo imagínese. ¿Cómo se sentiría?”, manifestó.
El vocero también aseguró que mucha gente vive de los intereses de los ahorros en esa cooperativa, por lo que en estos momentos no tienen cómo sufragar sus gastos más básicos, como la comida y la vivienda.
“Algunos están recurriendo a apoyos familiares para sobrevivir”, confirmó.
Marín contó que inclusive se le acercó una señora que debe comprar un tanque de oxígeno y no puede porque su plata está congelada.
Para el representante del grupo de afectados, noticias como la de los allanamientos incrementan los niveles de estrés porque en primera instancia los ahorrantes no saben si estas acciones van a retrasar más la intervención.
“En la medida que esto se estanque o se detenga, aumenta la afectación porque cada día que pasa la cartera puede ser que se esté deteriorando más”, agregó Marín.
El grupo considera importante que el Ministerio Público actúe si existen indicios de problemas penales, pero pide que, por favor, el proceso no afecte la intervención.
Finalmente, los afectados dijeron que no han interpuesto denuncias ante la Fiscalía, pero que no lo descartan. Todo dependerá de lo que resuelva el proceso de intervención que se lleva a cabo.
ALLANAMIENTOS NO AFECTAN INTERVENCIÓN
Una de las preguntas que surgen a raíz de los cuatro allanamientos es si estas diligencias judiciales pueden retrasar el proceso del interventor para rendir su informe porque, dentro de la actividad procesal, las autoridades se llevaron equipo tecnológico e información que sería relevante para la intervención.
Sin embargo, en la interventoría aseguran que el único retraso que se presentó es que el día que se realizaron los procedimientos no se pudo trabajar, pero que se espera no exista atraso alguno en el proceso, producto de estas acciones.
El proceso de intervención termina el 13 de junio, pero podría alargarse a petición del responsable hasta 30 días más.
Terminado este plazo se tendrá que decidir si Coopeservidores puede seguir existiendo o si por el contrario se liquidan sus activos para pagar las deudas que contrajo.
Por el momento no hay información que confirme o descarte si la Fiscalía realizará este tipo de diligencias en otras sedes de la empresa financiera.