Costa Rica ha destacado en los últimos años por su sólido crecimiento económico, con tasas de expansión superiores al promedio de la región.
Sin embargo, para mantener este ritmo y consolidar un desarrollo sostenible, se torna fundamental avanzar en reformas estructurales que aborden los principales cuellos de botella.
En este contexto, las alianzas público-privadas (APP) emergen como una herramienta clave para impulsar la inversión, mejorar la infraestructura y fortalecer áreas estratégicas.
Entre los principales desafíos que enfrenta el país figura la escasez de mano de obra calificada, especialmente en las industrias de alta tecnología. La brecha entre la formación académica y las necesidades del sector productivo limita tanto el potencial de crecimiento como la competitividad.
Para abordar esta problemática, es indispensable alinear los planes de estudio con las exigencias del mercado laboral, promover la educación dual y bilingüe, así como mejorar las tasas de graduación en educación secundaria.
En este proceso, el sector privado puede desempeñar un papel determinante al colaborar con el sistema educativo, generar programas de capacitación y ofrecer oportunidades de inserción laboral para los jóvenes.
Además, la reducción de la base mínima contributiva para los trabajadores a tiempo parcial ha representado un paso positivo en la formalización del empleo. No obstante, aún existe margen para disminuir la elevada carga fiscal sobre el trabajo, sustituyéndola por fuentes de ingresos alternativas que fomenten la generación de empleo sin comprometer la estabilidad fiscal.
En este sentido, las APP pueden contribuir mediante iniciativas que incentiven el empleo formal, incorporen tecnología y promuevan la eficiencia en aspectos vitales como la manufactura y los servicios.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo económico consiste en la modernización y mantenimiento de los inmuebles estatales. La red vial, los puertos, aeropuertos y el transporte público requieren una inyección de capital significativa para responder a las demandas del crecimiento poblacional y comercial. Si bien el Estado tiene un papel central en la planificación y regulación de estos proyectos, el financiamiento y la ejecución deben complementarse con la participación del sector privado.
La integración de consideraciones climáticas en la inversión pública también constituye una necesidad impostergable.
Costa Rica, reconocida por su liderazgo en sostenibilidad, debe reforzar la resiliencia de sus construcciones ante desastres naturales, incorporando tecnología y materiales sostenibles en la construcción de carreteras, puentes y edificaciones.
Actualmente, la aprobación de una nueva legislación en esta materia es un paso esencial para consolidar un modelo de inversión que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y optimice el uso de los recursos públicos.
Además, se torna clave asegurar mecanismos de control y supervisión que eviten prácticas irregulares y garanticen la calidad de las obras y servicios prestados.
El éxito de las APP radica en su capacidad para generar valor tanto para el ámbito público como para el privado, sin que ello implique una privatización de los bienes y servicios esenciales. Se trata de establecer sinergias estratégicas donde ambas partes asuman compromisos claros y compartan riesgos de manera equitativa.
Costa Rica no puede quedarse atrás.
“El sector privado puede aportar innovación, tecnología y financiamiento para los grandes proyectos que necesita el país”.
