A 1 mes y 15 días de que entre a regir la nueva Ley de Empleo Público existe un desfase entre el sistema Integra y las variables establecidas en el sector público, según información de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
Se trata de seis componentes incluidos en la base de datos para realizar los pagos en el sector público.
Algunas presentan errores y otras deben ser actualizadas o corregidas por las oficinas de recursos humanos de las instituciones. Como ejemplo se menciona la especialidad, el grupo ocupacional y el estrato correspondiente.
Así se extrae del oficio DFOE-FIP-RF-00002-2022, emitido por la Contraloría General de la República.
Tanto el Ministerio de Planificación como la STAP y la DGSC indicaron que coordinaban para el traslado de la base de datos que se llevará a la plataforma integrada de empleo público.
Sin embargo, el órgano contralor asegura que no hubo documentación sobre los avances en ese aspecto. Al parecer las entidades valoraban alternativas sobre cómo hacer el traslape a nivel técnico y jurídico.
“Es importante concretar acciones que permitan disponer de la plataforma según los requerimientos y plazos concedidos, de manera tal que contribuya a una gestión pública más eficiente y eficaz”, señaló.
La Ley Marco de Empleo Público parte de la premisa “igual trabajo, igual salario”, en idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones.
Se pretende corregir la fragmentación de los esquemas remunerativos del sector público, por medio de la construcción de una metodología de valoración del trabajo para el servicio público, de manera que se traslade de un salario compuesto a uno global.
Como parte de la reforma se dispuso de una serie de acciones en dirección al establecimiento de un salario global, las cuales demandan determinar familias de puestos y los grados requeridos dentro de cada familia laboral, así como sus características.
El sistema Integra es el que se utiliza para realizar el pago a los empleados del Gobierno central, en su mayoría ministerios como el de Educación Pública y los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones.