El reciente reglamento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que salió a consulta pública, sugiere que la figura de director ejecutivo se convierta en un puesto de confianza y removible, más allá de un bagaje y selección técnica.
Sin embargo, este es solo uno de los riesgos políticos por los que atraviesa el SBD. El último informe de evaluación habla de que el entendimiento parcial o equivocado de lo que es dicho Sistema hace que se procure introducir cambios constantes para destinar fondos a uno u otro propósito.
Esto incluye la condonación de deudas, sin una valoración precisa de las consecuencias. A la fecha existen 39 proyectos de Ley activos y vinculados a los fondos del sistema, y en los últimos años se han presentando en promedió 13 proyectos anuales.
Los evaluadores advierten que todo esto puede agravar el riesgo de que el SBD sea un instrumento de política pública muy amplio y disperso en alcance y focalización de recursos.
Las propuestas y compromisos de los partidos políticos durante el proceso electoral en manifestaciones con relación a lo que se espera de Banca para el Desarrollo constituye otro de los desafíos.
De los 39 proyectos de Ley en cola, al menos 22 tienen nivel de alerta medio, alto o crítico, dada la vulnerabilidad que causaría al Fonade (Fondo Nacional para el Desarrollo), así como la probabilidad de materializarse.
ESTRUCTURA DEBE REVISARSE
Por otra parte, los analistas creen que la composición vigente, con mayor representación de los sectores agrícola e industrial, podría no corresponder con los objetivos y la complejidad actual del sistema.
Indican que, aun cuando es importante procurar intervenciones en aquellos sectores estratégicos en generación de servicios, productos, empleo y encadenamiento, como el turismo, la pesca, la cultura, la recreación y el entretenimiento, los servicios o el comercio, también intervenciones trasversales a todos los sectores, como emprendimiento e innovación, e integración con cadenas globales del comercio internacional son necesarias.
Al momento que estaba finalizando esta evaluación, se llevó a cabo una reforma legal para incluir representantes del sector turismo. No obstante, en este punto de la conformación del Consejo Rector, no arribó a una recomendación específica para resolver el problema antes indicado.
Es por eso que instan a abrir un proceso deliberativo sobre la estructura y composición del gobierno corporativo del SBD, de manera que se reduzca los riesgos existentes de conflictos de interés y de independencia.
Además, se propone revisar las prácticas seguidas en países como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde hay una clara definición central de la rectoría en un solo ministerio sectorial, al cual se le asigna la responsabilidad de la política pública.