Según informe de la Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) reveló que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), cumplen un nivel básico de gestión crediticia.
Según el ente contralor, de los 14 órganos no bancarios que se encuentran sin supervisión, 11 están en una etapa inicial y apenas tres logran ubicarse en la casilla intermedia.
Esta situación afecta la eficiencia y sostenibilidad de esas instituciones, las cuales cumplen el rol de prestar dinero a personas, pequeñas empresas, agricultores y estudiantes en vulnerabilidad.
Según los principales hallazgos del informe DFOE-CAP-SGP-000004-2024, existe una inadecuada gestión de riesgos y deficiencias en la selección de beneficiarios, así como altos niveles de morosidad.
“La ausencia de un cálculo adecuado de los saldos incobrables, en el contexto de altos niveles de morosidad y cartera en riesgo, en algunos de los entes y órganos supervisados implica una sobrevaloración de los ingresos y la rentabilidad, un deterioro en la liquidez y el patrimonio, y una exposición significativa a riesgos financieros”, explicó el ente contralor.
De igual forma, existe una alta proporción de créditos con atrasos y refinanciados, lo que aumenta las probabilidades de impago en algunas de estas entidades.
“Los costos de gestión de la cartera no pueden ser comparables con el volumen de crédito y no es posible definir el efecto de ese aspecto con la rentabilidad institucional”, agregaron.
Diario Extra consultó con varias de las entidades señaladas por la CGR. Por parte del INVU, mencionaron que la morosidad ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos años y alegan que su modelo crediticio es menos riesgoso.
Mientras que Conape externó que ya el pasado 20 de noviembre habían ido a comparecer ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales y desmintieron las afirmaciones sobre el bajo nivel de cumplimiento.
“Dicen que la morosidad con Conape aumentó un 51% entre 2018 y 2022, cosa que nosotros rechazamos categóricamente. No es cierto, si nos supervisara Sugef cumpliríamos con todos los parámetros de morosidad de 0 a 90 días y de cobro judicial”, agregó Efraín Miranda, secretario ejecutivo de Conape.
