Abogado de familia Lacayo asegura que se violó debido proceso
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual allanó las oficinas centrales de Desyfin, la Arrendadora Grupo Financiero Desyfin, cinco casas de habitación y los despachos de dos abogados.
La acción judicial se llevó a cabo después de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), debido a supuestas irregularidades en la gestión de la cartera de créditos de la financiera.
Las causas que se investigan son administración fraudulenta y reducción de la pena, esta última prevista en la Ley Orgánica del Banco Central. El proceso se ejecuta bajo el expediente 24-000074-621-PE.
“El día de hoy autoridades judiciales se presentaron en las oficinas de la financiera para realizar un allanamiento. El equipo de resolución se encuentra colaborando con todas las diligencias. Se aclara al público que el proceso de resolución mantiene su curso normal”, comentó Marianne Kött encargada de la resolución de Desyfin.
Por su parte, los propietarios de dicha entidad financiera afirman que no se justificaba el proceso de intervención.
“Más bien consideramos que han existido graves vicios de ilegalidad en las causas que motivaron la intervención, así como violaciones al debido proceso por incumplir procedimientos que exige la normativa”, comentó Federico Campos, abogado de la familia Lacayo, propietaria de Desyfin.
UN PROCESO DE INTERVENCIÓN
El 13 de agosto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la financiera, luego de que esta cayera en irregularidad grado 3.
Según el regulador del sistema financiero, “una entidad cae en irregularidad grado 3 cuando la entidad administra sus negocios en forma tal que ponga en peligro la seguridad y solvencia.
Cuando la entidad haya sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio a una suma inferior a la mitad y cuando la entidad incumpla las normas de suficiencia patrimonial establecidas por la Sugef”.
Para dicho proceso de intervención se nombró a Kött. En dicha acción la interventora habría encontrado razones para hacer ajustes en los números de las estimaciones de deterioro del crédito.
Dichas estimaciones representan ¢17.041 millones y terminaron provocando pérdidas que fueron directamente al patrimonio de la institución, llevando a Desyfin a los números negativos al generar un faltante de ¢6.704 millones.
Los dueños consideran que las estimaciones de la interventoría también se encuentran mal.
Para Campos, “durante la intervención se dieron otra serie de anomalías en la valoración de negocios que son lícitos, erróneas reclasificaciones de créditos que han generado estimaciones indebidas”.
También manifestó que realizan las impugnaciones correspondientes en las vías penal, civil, administrativa y constitucional.
RESOLUCIÓN POLÉMICA
Las diferencias entre la familia propietaria y los reguladores (Conassif, Sugef e interventoría) no terminaron con las recalificaciones.
Kött citó a los accionistas de Desyfin para proponerles la capitalización de la financiera y solventar las debilidades cuantitativas y cualitativas que sustentaron la intervención.
“Como conclusión del proceso, esta Interventoría considera que Financiera Desyfin es por sí misma inviable, ya que no existen los elementos necesarios para implementar un plan de regularización que permita: capitalizar la entidad, satisfacer los requerimientos de liquidez de la Financiera en el corto plazo, ni transformar ni fortalecer las estructuras de gobierno corporativo que permitan recuperar la confianza en la administración de la Financiera”, planteó la autoridad de resolución.
No obstante, en la asamblea de accionistas no llegaron a un acuerdo satisfactorio. “De manera injustificada, los interventores rechazaron propuestas de capitalización de la empresa que eran viables para salvar la misma”, añadió Campos.
